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Ciudad de México.- En una sesión exprés, sin debate y por votación unánime, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un golpe definitivo a una de las batallas legales más emblemáticas de las familias de Ayotzinapa. A petición expresa de la Consejería Jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum, ocho de los nueve ministros acordaron atraer y revisar de manera extraordinaria cuatro sentencias de amparo que obligaban a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Gobierno de México a crear una Comisión de la Verdad autónoma.
El pretexto técnico detrás de la Solicitud de Facultad de Atracción (SEFA) es evaluar si dicha comisión violaría la "división de poderes" al invadir las facultades del Poder Ejecutivo. Antes de la votación, la ministra Sara Irene Herrerías se declaró impedida debido a su pasado como subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un conflicto de interés obvio que fue aprobado de inmediato por sus colegas.
"Mismos argumentos que Peña Nieto": La indignación de las familias
La reacción de los representantes legales de las víctimas fue inmediata y demoledora. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) advirtió que la determinación de la actual Corte no solo viola los principios de seguridad jurídica, sino que dinamita el concepto de "cosa juzgada". Al reabrir un fallo emitido hace ocho años por un tribunal federal, la Corte siembra un precedente alarmante que debilita la certeza de cualquier sentencia definitiva en el país.
El Centro ProDH denunció abiertamente que el gobierno de Sheinbaum recurrió exactamente a las mismas artimañas y argumentos legales que utilizó la administración de Peña Nieto para esquivar el cumplimiento de la sentencia. A 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, este fallo se traduce en un nuevo muro burocrático que se suma a la persistente negativa de las Fuerzas Armadas para entregar información de inteligencia clave para el esclarecimiento de los hechos.
El dato histórico que la Corte pone en riesgo
En mayo de 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito emitió la histórica sentencia que derribó la "Verdad Histórica" armada por Jesús Murillo Karam. Aquel fallo demostró que la PGR había recurrido a la tortura de imputados y a la manipulación de pruebas para sostener que los jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula, ignorando deliberadamente las líneas de investigación que apuntaban a la complicidad del Ejército con el grupo criminal Guerreros Unidos.
A pesar de que las impugnaciones contra esa sentencia dormían el sueño de los justos desde 2018, fue hasta octubre de 2025 cuando se admitieron a trámite. Ahora, en pleno 2026, la maquinaria del Estado se ha coordinado con el Poder Judicial para sepultar la posibilidad de una investigación verdaderamente ciudadana y autónoma, prolongando indefinidamente el dolor y la exigencia de verdad de las familias.
