Tabla de contenido
Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo escaló este miércoles la tensión diplomática con Washington al confirmar el envío de una nota oficial en la que solicita pruebas sustanciales que vinculen al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve ciudadanos mexicanos con redes de narcotráfico.
El anuncio, realizado durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se produce tras una revisión exhaustiva de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual determinó que las acusaciones presentadas hasta ahora por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos carecen de sustento jurídico bajo los estándares del sistema penal mexicano.
Un desafío a la evidencia estadounidense
La administración de Sheinbaum cuestionó la solidez de los expedientes compartidos por las agencias de inteligencia estadounidenses. Según la mandataria, parte de la evidencia consiste en registros fotográficos de anotaciones informales que detallan presuntos pagos ilícitos a funcionarios estatales.
"Lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos es que mande pruebas. ¿Qué pruebas tienen?", declaró la mandataria. "Tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos".
Autonomía judicial y soberanía
La postura de la presidenta busca trazar una línea clara entre las facultades del Poder Ejecutivo y la autonomía de la Fiscalía. Ante las crecientes críticas que sugieren que la falta de acción contra Rocha Moya podría comprometer la relación comercial y la revisión del T-MEC, Sheinbaum calificó dichas narrativas como "ficción absoluta".
El gobierno mexicano enfatizó los siguientes puntos clave:
- Independencia de la FGR: La facultad de detención y procesamiento recae exclusivamente en la Fiscalía, no en la Presidencia.
- Debido Proceso: Se destacó que el sistema penal acusatorio en México exige un estándar de prueba riguroso para evitar detenciones arbitrarias.
- Defensa Soberana: La mandataria reiteró que su prioridad es el cumplimiento de la Constitución y la protección de la soberanía nacional frente a presiones externas.
El trasfondo político
El caso de Rubén Rocha Moya se ha convertido en un punto crítico para la estrategia de seguridad de la nueva administración. Mientras que sectores de la oposición y analistas en Washington presionan por medidas más severas contra funcionarios señalados por colusión con el crimen organizado, Ciudad de México insiste en que no habrá persecuciones políticas sin un respaldo documental sólido.
"No voy a cubrir a nadie", aseguró Sheinbaum, subrayando que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) está dispuesta a colaborar con la FGR, siempre y cuando se sigan los canales legales establecidos.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha emitido una respuesta oficial respecto a la nota diplomática enviada por la Cancillería mexicana. La resolución de este diferendo legal marcará el tono de la cooperación binacional en materia de seguridad para el resto del año.
