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Ciudad de México.- El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el llamado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia que busca atender desde lo local la violencia crónica que ha convertido a la entidad en un laboratorio del fracaso de las políticas de seguridad en México.
En su discurso, la presidenta aseguró que el objetivo del plan es construir la paz a partir del diálogo con comunidades, autoridades tradicionales, iglesias y sectores productivos. Sin embargo, el anuncio ocurre en medio de una nueva ola de violencia: el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y las protestas reprimidas en Morelia evidencian el deterioro institucional que enfrenta el estado.
Seguridad: más presencia militar, la misma apuesta
El plan parte de tres ejes: seguridad, desarrollo económico y educación. En el primero, la estrategia repite la fórmula aplicada durante los últimos años: fortalecer la presencia de las fuerzas federales —Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Ejército— en municipios con altos índices delictivos.
Entre las medidas, Sheinbaum anunció la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, mesas de seguridad quincenales y un sistema de alerta para alcaldes. Además, se abrirá una oficina de la Presidencia en Uruapan, convertida en símbolo del control territorial que ejercen las organizaciones criminales.
Pese a las promesas de coordinación, el homicidio del alcalde Manzo dejó ver las limitaciones del esquema: el edil contaba con protección, pero a cargo de policías municipales de su confianza, un dispositivo mínimo ante el poder armado que domina la región.
Desarrollo y educación: paliativos frente a un problema estructural
En el eje de desarrollo económico, el plan propone seguridad social y salario mínimo para jornaleros agrícolas, inversión en infraestructura rural y la creación de nuevos “Polos de Bienestar”.
En educación, se plantea la instalación de escuelas con enfoque en cultura de paz, programas de reinserción y atención a víctimas, becas de transporte y un centro de alto rendimiento para jóvenes.
Aunque las propuestas buscan atender las raíces sociales de la violencia, los anuncios carecen de una ruta presupuestal clara o metas verificables. En Michoacán, las políticas de desarrollo han sido históricamente desplazadas por la lógica militar y la dependencia de programas asistenciales.
La paradoja del Estado ausente
El Plan Michoacán se presenta como un intento de reconstrucción territorial, pero enfrenta un obstáculo de fondo: la fragmentación institucional y la desconfianza social. Desde hace más de dos décadas, la militarización no ha reducido la violencia; por el contrario, ha normalizado la presencia armada del Estado sin recuperar el control civil.
Las comunidades, muchas de ellas con presencia de autodefensas o bajo influencia de grupos delictivos, miran con recelo la nueva estrategia. “Escuchar a todos” implica negociar con actores que el propio gobierno ha contribuido a deslegitimar.
Promesa de paz en tierra sitiada
El contraste entre el discurso presidencial y la realidad cotidiana de Michoacán es evidente. Mientras Sheinbaum promete construir la paz “desde abajo”, la violencia política, los desplazamientos forzados y la economía criminal continúan marcando la vida del estado.
La nueva administración intenta presentarse como un relevo de la estrategia de “abrazos, no balazos”, pero en los hechos el Plan Michoacán no rompe con la lógica de control territorial basada en la presencia militar.
En una entidad donde la autoridad se disputa pueblo a pueblo, la paz no parece una meta próxima, sino un horizonte que vuelve a prometerse cada sexenio.
