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Ciudad de México.– El Ayuntamiento de Acapulco obtuvo una victoria jurídica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el Pleno resolviera por unanimidad que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero carecía de facultades para fiscalizar directamente recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), al tratarse de una atribución exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con esta resolución, el máximo tribunal invalidó tanto el Informe Individual de Auditoría derivado de la revisión practicada al ejercicio fiscal 2023 como el oficio mediante el cual la ASE requirió información al Ayuntamiento sobre el manejo de recursos federales del Ramo 33.
La sentencia pone fin a un litigio constitucional que se prolongó por más de un año y que mantuvo un abierto diferendo entre el órgano fiscalizador estatal y la administración encabezada por la entonces alcaldesa Abelina López Rodríguez.
Desde el inicio de la controversia, el gobierno municipal sostuvo que la Auditoría Superior del Estado estaba actuando fuera de sus atribuciones constitucionales y que únicamente la Auditoría Superior de la Federación podía revisar el ejercicio de esos recursos federales. Ese argumento fue respaldado este lunes por la Suprema Corte.
La resolución determina que la ASE no podía realizar esa auditoría, la Corte dejó sin efectos las actuaciones derivadas de ese procedimiento.
Utilización política de la rendición de cuentas
Durante más de un año, esta controversia generó un fuerte debate político en Guerrero. Las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado fueron utilizadas por diversos actores para cuestionar el manejo financiero del Ayuntamiento, incluso por el propio auditor estatal y por el Congreso Local, mientras que el gobierno municipal insistió en que se trataba de una revisión realizada por una autoridad que carecía de facultades legales para efectuarla.
El litigio se desarrolló, además, en uno de los momentos más complejos para la administración municipal. Mientras el gobierno de Acapulco concentraba esfuerzos en la reconstrucción del puerto tras los daños ocasionados por el huracán Otis, la disputa con la Auditoría Superior del Estado se convirtió en un frente adicional que obligó al Ayuntamiento a destinar tiempo y recursos a la defensa jurídica de sus actos administrativos.
No hay desvío de recursos, solo fue un tema de competencias
En el ámbito político, colaboradores cercanos a Abelina López sostuvieron durante ese periodo que las auditorías y las observaciones fueron utilizadas para impulsar una narrativa de presuntas irregularidades, afectando la imagen pública de la alcaldesa y sembrando dudas sobre el manejo de los recursos públicos, pese a que el fondo de la controversia estaba relacionado con las facultades legales de la autoridad fiscalizadora.
Con la resolución de la SCJN, queda firme el criterio de que la fiscalización directa de los recursos federales del FAISMUN corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación, por lo que la Auditoría Superior del Estado excedió el ámbito de sus atribuciones constitucionales al iniciar ese procedimiento contra el Ayuntamiento de Acapulco.
