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El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo aceptó que la reforma al Poder Judicial es algo aislado que no soluciona nada por sí sola, no garantiza que la impartición de la justicia tenga un cambio drástico, faltaría una reforma más integral.
“La reforma al Poder Judicial, no es una reforma a la justicia, es una reforma al Poder Judicial Federal que tendrá que ir acompañada por una reforma integral de la justicia que seguramente se irá delineando y se irá haciendo de conocimiento de la presidenta electa. Esta reforma aislada no te soluciona nada, pero hay que hacer una reforma integral en Fiscalías, en defensorías públicas y en métodos alternativos de solución de controversias y ahí sí hace todo el sentido esta reforma”, comentó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Se tienen que realizar más reformas incluyendo a las Fiscalía, defensorías públicas y en métodos alternativos de solución de controversias, trabajo legislativo que se supone ocurrirá en el gobierno de Claudia Sheinbaum, sin embargo, ahora no resuelve en su totalidad los problemas que tiene el sistema judicial del país, dijo el exministro.
La discusión sobre la aprobación de la reforma ha generado tensiones entre el gobierno de México, Estados Unidos y Canadá, y ha provocado un colapso en el poder judicial derivado a la manifestación pacífica que hacen los trabajadores y magistrados quienes solicitan a los legisladores tener una mesa de trabajo para realizar modificaciones que ponen en riesgo al Poder Judicial.
El gobierno federal descartó tener un diálogo con los manifestantes, además de que no se dejarán intimidar sobre las advertencias de organizaciones internacionales y empresarios de Estados Unidos y Canadá en relación al tratado de libre comercio entre las tres naciones, pues aseguran que la reforma está en manos de los legisladores de Morena.
Las crecientes tensiones, llevó al mandatario federal a admitir que puso una “pausa” en las relaciones diplomáticas con las embajadas de Canadá y Estados Unidos después de que emitieran un posicionamiento en contra de que se apruebe la reforma que contempla la votación popular como un modo democrática para solucionar los problemas del sistema de justicia.
