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Ciudad de México.- A la CIDH se le acabó la paciencia con la burocracia. En un movimiento que suena a "manotazo en la mesa", el organismo notificó que el caso de los 65 jueces y magistrados federales mexicanos no va a seguir el caminito lento de siempre. Ante la gravedad de lo que está pasando con la elección judicial de 2025, la Comisión analiza resolver todo de un solo golpe: admisibilidad y fondo en un mismo archivo.
Emergencia total: No es común, pero la resolución 1/16 permite saltarse pasos cuando el daño es irreversible. Si la CIDH se espera tres años, ya no habrá Poder Judicial que salvar.
El bloqueo del oficialismo: La denuncia es clara. Acusan que el Gobierno aplicó un "candado" total: desde reformas de inimpugnabilidad hasta el desacato de suspensiones, dejando a los jueces sin defensa en su propio país.
Adiós a la carrera judicial: Lo que se analiza no es solo un pleito laboral, sino el desmantelamiento de un sistema para dar paso a un modelo que la CIDH ve con lupa por posible falta de independencia.
"El Estado mexicano bloqueó deliberadamente los mecanismos internos de control; ahora la justicia internacional tiene la última palabra".
¿Hay plan B? La "solución amistosa" que parece imposible
Aunque la CIDH puso sobre la mesa que el Gobierno de Claudia Sheinbaum y los jueces se sienten a platicar para llegar a un acuerdo, la realidad es un balde de agua fría. El abogado de los juzgadores, Zamir Fajardo, ya avisó: para negociar, el Gobierno tendría que admitir que la reforma judicial viola derechos humanos.
El calendario que viene:
En los próximos cuatro meses, tras escuchar la defensa del Estado mexicano, la CIDH decidirá si emite un fallo conjunto. Si lo hace, México se enfrentaría a una resolución histórica que cuestionaría los cimientos de la reforma estrella del sexenio.
