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El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Guerrero con el objetivo de ampliar y precisar la definición de feminicidio, incorporando agravantes como la violencia previa del agresor, amenazas en distintos ámbitos, explotación sexual o desaparición de la víctima. La propuesta busca fortalecer las medidas de protección para las mujeres y garantizar una respuesta efectiva a las denuncias de violencia de género.
Durante su intervención en el Congreso, Suárez Basurto destacó que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y un reflejo de la brutalidad que enfrentan. Citó datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, que registró 966 víctimas de feminicidio en 2023, lo que evidencia un aumento preocupante de este delito en México.
En Guerrero, los primeros días de 2025 han sido testigos de casos impactantes, como el de Leuteria Reyes Benito, oficial de tránsito en Alcozauca, quien fue asesinada con más de 30 puñaladas por su expareja. A pesar de haber denunciado previamente la violencia que sufría, no recibió protección adecuada por parte de las autoridades, quienes clasificaron su caso como violencia doméstica.
La iniciativa propone modificar el artículo 135 del Código Penal de Guerrero para incluir condiciones y agravantes que permitan tipificar de manera más precisa el feminicidio. Entre estos se encuentran:
- Violencia previa del agresor.
- Amenazas en el ámbito público, digital o político.
- Explotación sexual.
- Desaparición de la víctima.
Además, se establece la obligación de investigar todas las muertes violentas de mujeres, niñas o adolescentes como posibles feminicidios, con el fin de evitar la impunidad y garantizar justicia.
Suárez Basurto recordó que el feminicidio está tipificado en el Código Penal Federal y en las legislaciones estatales, y que México ha suscrito tratados internacionales para proteger los derechos de las mujeres. Sin embargo, señaló que la falta de un marco normativo efectivo y la inconsistencia en las definiciones entre los estados dificultan la aplicación de las leyes.
“Es urgente fortalecer las medidas de protección y apoyo para las mujeres, y garantizar que las denuncias de violencia sean atendidas de manera efectiva por los Ministerios Públicos”, afirmó el legislador.
