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Acapulco, Guerrero.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la intervención del Tecnológico Nacional de México (TecNM) por el caso del desalojo de estudiantes ocurrido el 11 de noviembre de 2024 en el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), al concluir que existen inconsistencias entre los informes rendidos por autoridades del plantel y las evidencias recopiladas durante la investigación.
Mediante el oficio 026141, derivado del expediente CNDH/2/2024/16860/Q, el organismo notificó al director general del TecNM, Ramón Jiménez López, una propuesta de conciliación en la que pide acciones para atender presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con esos hechos.
De acuerdo con la información del expediente, el conflicto se originó durante una protesta realizada por estudiantes en las oficinas de la dirección del plantel. Los alumnos manifestaban inconformidades relacionadas con presuntos casos de abuso sexual denunciados por estudiantes y con señalamientos sobre el manejo de recursos de la institución.
CNDH detectó inconsistencias entre informes y evidencias Según el análisis realizado por la CNDH, la información proporcionada por directivos del Tecnológico de Acapulco no coincide con videos, testimonios de estudiantes, actas ministeriales ni otros documentos revisados durante la investigación.
El organismo también señala que existen elementos que apuntan a la participación de profesores y funcionarios del plantel en el desalojo de los estudiantes, hecho que derivó en daños materiales y lesiones a algunos de los participantes en la protesta.
La investigación avanzó después de cambios de personal en la delegación de la CNDH en Acapulco realizados a finales de 2025, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
Piden sanciones y regreso de alumnos expulsados
Entre las medidas planteadas en la propuesta de conciliación, la CNDH solicita sanciones para docentes y autoridades señaladas por su posible participación en los hechos.
Asimismo, pide revisar la situación de estudiantes que fueron expulsados después del conflicto y establecer, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Tecnológico Nacional de México, mecanismos que permitan su reincorporación y la continuidad de sus estudios.
La propuesta también advierte sobre la necesidad de que las autoridades competentes den seguimiento al caso y determinen las responsabilidades administrativas o legales que correspondan conforme a los resultados de las investigaciones en curso.
