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Autoridades y representantes de 12 pueblos indígenas de Chilapa y José Joaquín de Herrera exigieron el retiro del Ejército y la Guardia Nacional de sus territorios, al considerar que su presencia no ha logrado frenar las agresiones contra las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero.
El pronunciamiento se dio este jueves durante una reunión en Buenavista, municipio de Chilapa, donde representantes comunitarios dieron a conocer los acuerdos de sus asambleas. Entre sus resolutivos también solicitaron a los gobiernos federal, estatal y municipal respetar las labores de vigilancia que realizará la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).
Los representantes aclararon que buscan coordinación con las autoridades, pero no subordinación, pues consideran que los pueblos cuentan con sus propios sistemas de seguridad y justicia. También anunciaron que sus policías comunitarios portarán identificaciones expedidas por las asambleas y utilizarán armas de bajo calibre.
Reclaman falta de resultados ante la violencia en la región
La exigencia ocurre después del asesinato de Juan Francisco Chino Díaz, integrante de la CRAC-PC-PF, cuyo cuerpo fue localizado decapitado el 30 de octubre a un costado de la carretera entre Xicotlán y Alcozacán, a unos 200 metros de una posición de seguridad del Ejército y la Guardia Nacional.
La organización atribuyó el homicidio a presuntos integrantes de Los Ardillos y cuestionó que el crimen ocurriera cerca de un punto de vigilancia federal. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también documentó las denuncias de las comunidades sobre la continuidad de las agresiones y la falta de investigaciones.
Los representantes comunitarios recordaron además los ataques registrados en mayo contra pobladores de Tula, Xicotlán y Alcozacán, que provocaron el desplazamiento de familias indígenas. De acuerdo con sus denuncias, más de 800 familias fueron afectadas.
Exigen liberar a dirigentes y cancelar órdenes de aprehensión
Entre los acuerdos también incluyeron la exigencia de liberar a Jesús Plácido Galindo y Sixto Mendoza Limpia, dirigentes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), quienes permanecen detenidos. La organización sostiene que las acusaciones en su contra son fabricadas, postura que corresponde a sus señalamientos y deberá resolverse en las instancias judiciales.
Asimismo, pidieron cancelar más de 70 órdenes de aprehensión que, aseguran, existen contra integrantes de la CRAC-PC-PF y el CIPOG-EZ.
En materia de infraestructura, solicitaron cumplir obras pendientes, entre ellas un mercado regional, un Banco del Bienestar, una escuela de telebachillerato y la pavimentación de caminos.
La reunión fue encabezada por los coordinadores Benjamín Sánchez Hernández, Felipa Marcelo de la Cruz, Francisco Cuapango Tepatitlán, Santiago Pablo Salazar y Salvador Ahuejote Pasado. Asistieron alrededor de 400 habitantes de comunidades de ambos municipios.
