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Ciudad de México.- La disputa por las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) llegó al terreno legal. El partido Somos anunció que emprenderá acciones judiciales contra la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, por considerar que las relacionaron sin pruebas con una supuesta red de corrupción dedicada a obtener contratos de material electoral.
La organización, encabezada por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, rechazó cualquier vínculo con las irregularidades expuestas por el Gobierno federal y adelantó que presentará una demanda por daño moral y difamación contra ambas funcionarias.
Somos sostuvo que las acusaciones buscan desviar la atención de las denuncias que surgieron alrededor de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo electoral el pasado 26 de octubre.
Señala responsabilidades en el INE
En su posicionamiento, el partido responsabilizó a la gestión de Taddei de la crisis institucional que atraviesa el organismo. También cuestionó las condiciones en las que llegó al cargo en 2023, cuando fue elegida mediante insaculación ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados.
La agrupación recordó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó ese mecanismo y pidió a Morena no negociar la designación.
Otro de sus señalamientos apunta a los cambios aprobados en octubre de 2024, que permitieron a Taddei nombrar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin necesitar ocho votos del Consejo General.
Para Somos, esa modificación concentró facultades en la presidencia del INE y contribuyó al deterioro institucional que ahora enfrenta el organismo.
Pide reconstruir la confianza electoral
La organización también se refirió a las revelaciones sobre la relación de Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales. El caso derivó en revisiones de contrataciones y nombramientos, además de la separación de 30 funcionarios vinculados con su administración.
Ante este escenario, Somos convocó a los partidos de oposición a instalar una mesa de trabajo para acordar medidas que permitan proteger las siguientes etapas del proceso electoral.
También pidió a la Cámara de Diputados garantizar un procedimiento transparente para integrar el comité evaluador que participará en la selección de la próxima presidencia del INE.
Además, llamó a la ciudadanía a sumarse a una movilización en defensa del organismo, al considerar que la crisis afecta la confianza en las elecciones.
La confrontación comenzó después de que Sheinbaum presentó, el 5 de noviembre, una investigación de la Secretaría Anticorrupción sobre una presunta red empresarial relacionada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Según los datos expuestos en la conferencia presidencial, seis empresas vinculadas con ambos habrían obtenido contratos electorales por 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, mediante un esquema que presuntamente simulaba competencia entre proveedores.
La presentación también mencionó los vínculos políticos de los hermanos con Juan Carlos Padilla Aguilar, quien coincidió posteriormente con integrantes de Somos y antiguos funcionarios electorales. Sin embargo, no expuso pruebas adicionales sobre la participación de esas personas en el presunto esquema de corrupción.
