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Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a todas sus áreas y servidores públicos preservar la documentación física y electrónica relacionada con sus procesos de contratación, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades durante la gestión de su expresidenta, Guadalupe Taddei.
El acuerdo aprobado por el Consejo General establece que los documentos deberán conservarse de manera obligatoria e ininterrumpida. La instrucción incluye expedientes, correos institucionales, registros contables y respaldos digitales; además, prohíbe dar de baja o destruir archivos correspondientes al periodo bajo revisión.
La medida busca proteger la información que podría servir para esclarecer cómo se realizaron las adquisiciones, quiénes participaron y si existieron irregularidades en la asignación de contratos. El resguardo de esos materiales es relevante porque permitirá a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales consultar los registros originales durante sus investigaciones.
Dan cinco días para inventariar contratos y proveedores
Como parte del acuerdo, la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración deberán elaborar, en un plazo de cinco días hábiles, un inventario detallado de los procedimientos de contratación del periodo revisado.
El documento deberá identificar proveedores, montos, cumplimiento de obligaciones y posibles sanciones. El INE también contempla auditorías externas especializadas a contratos vigentes, la participación de testigos sociales en futuras licitaciones y la presentación de informes sobre el avance de los procedimientos administrativos y penales.
La solicitud de auditoría al organismo fiscalizador contempla una revisión de diez años, de acuerdo con el reporte de 24 Horas. Sin embargo, la ASF anunció por separado que su revisión histórica abarcará las contrataciones del entonces Instituto Federal Electoral, el INE y los organismos públicos locales electorales entre 2000 y 2025.
ASF reporta irregularidades por más de 8 mil 870 millones de pesos
La Auditoría Superior de la Federación informó que sus trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a entidades federativas advierten múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público. El Economista reportó que el monto detectado hasta ahora en la gestión del INE supera los 8 mil 870 millones de pesos.
Las investigaciones se desarrollan después de que se señalaran posibles conflictos de interés en contrataciones con proveedores electorales y de que Taddei renunciara a la presidencia del Instituto el pasado 26 de octubre. La exfuncionaria ha rechazado los señalamientos y previamente sostuvo que solicitó la intervención de la ASF para revisar los procesos de licitación.
Hasta el momento, el resguardo documental y la solicitud de auditoría no representan una determinación de responsabilidad contra personas específicas. La revisión de contratos, archivos y registros financieros deberá establecer qué irregularidades ocurrieron, quiénes participaron y si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o penales.
