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En el Congreso del Estado de Guerrero se llevó a cabo el foro “Alcances y Desafíos de las Alertas de Género Feminicida y de Agravio Comparado Decretadas en Guerrero”, con el objetivo de analizar las acciones y pendientes en la atención a la violencia contra las mujeres en la entidad.
El encuentro fue convocado por la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, en coordinación con diversas asociaciones civiles y colectivos de mujeres. La ponencia principal estuvo a cargo de Luz Estrada Mendoza, fundadora y directora ejecutiva del Observatorio Nacional del Feminicidio.
Durante el foro se recordó que 23 entidades del país cuentan con declaratoria de Alerta de Violencia de Género por feminicidio, entre ellas Guerrero, que tiene activada esta medida en nueve municipios: Acapulco, Chilpancingo, Ayutla, Chilapa, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa y Zihuatanejo. Además, junto con Veracruz, la entidad enfrenta una Alerta por Agravio Comparado, relativa a limitaciones en el acceso a derechos reproductivos y de salud de las mujeres.
Mosso Hernández expuso que el Congreso local ha impulsado reformas al Código Penal que incluyen la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, así como el reconocimiento de la violencia obstétrica y digital. También destacó la instalación del Grupo Interinstitucional de Trabajo para garantizar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.
En el encuentro, representantes de organizaciones como Kanicheé Eslava A.C., la Coalición Nacional de Mujeres Rurales, Mujeres de Tlapa A.C. y Mujeres al Timón A.C. coincidieron en la necesidad de mantener coordinación entre autoridades y sociedad civil para evaluar avances legislativos, presupuestales y de acceso a oportunidades que garanticen una vida libre de violencia.
El foro contó con la participación de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Guerrero, Alma Delia Eugenio Alcaraz; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán; el vicefiscal de Prevención y Seguimiento, Luis Antonio Arizmendi Álvarez; así como consejeras electorales, representantes de instituciones de salud y de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
