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Monterrey, Nuevo León.- Morena en Nuevo León anunció que este martes presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez por presuntos conflictos de interés y triangulación de recursos públicos.
La dirigente estatal del partido, Anabel Alcocer, aseguró que existen posibles actos de corrupción relacionados con contratos otorgados por el gobierno estatal y transferencias de dinero que, presuntamente, terminaron beneficiando al despacho jurídico ligado a la familia del mandatario.
“Estamos viendo toda una red de corrupción donde el principal daño que están haciendo es al erario público”, declaró la morenista durante una conferencia de prensa.
Morena acusa contratos millonarios y transferencias entre empresas
Según la acusación, el esquema iniciaría con contrataciones realizadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería de Nuevo León.
Como ejemplo, Morena señaló que en noviembre de 2021 la empresa Suministro MYR recibió un contrato por 33.8 millones de pesos y, minutos después, transfirió 10 millones a otra empresa llamada Proveedor de Productos Mexicanos Jace.
Posteriormente, esa misma cantidad habría sido enviada al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, relacionado con Samuel García.
Morena afirmó que Suministro MYR ha recibido al menos 964 millones de pesos en contratos públicos bajo esquemas similares.
También señalan pagos por promoción digital y redes sociales
La dirigencia morenista también acusó que el despacho jurídico realizó pagos por más de 81 millones de pesos a Nauka Comunicación Estratégica para pautas digitales y promoción en redes sociales.
Esa empresa, según Morena, también habría facturado más de 123 millones de pesos al Gobierno de Nuevo León.
Además de Samuel García y Mariana Rodríguez, Morena adelantó que presentará otros expedientes relacionados con el caso Next Energy y posibles triangulaciones nacionales e internacionales.
El delegado de Morena en Nuevo León, Alejandro Murat, afirmó que corresponderá a las autoridades investigar el origen y destino de los recursos señalados.
