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Chilpancingo, Guerrero.— Unos 100 trabajadores de la Secretaría de Salud, familiares y amigos marcharon este miércoles por las calles de Chilpancingo para exigir la liberación de tres médicos vinculados a proceso por el caso Ayotzinapa. Durante la movilización acusaron que las investigaciones buscan responsabilizar a personal del Sector Salud con pruebas que consideran fabricadas.
Los manifestantes expresaron su respaldo al médico forense Julio César Valladares Baranda, al médico Ben Yehuda Martínez Hernández y al director estatal del Servicio Médico Forense, César Manuel Espinoza Suástegui, quienes enfrentan un proceso judicial por su presunta relación con una línea de investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos.
Familiares rechazan la "tesis de las funerarias" y hablan de pruebas fabricadas
La marcha salió de las oficinas de la Secretaría de Salud y concluyó en el Recinto Oficial del Poder Ejecutivo. Durante el recorrido, los participantes portaron pancartas con mensajes como "No son delincuentes" y "Pronta liberación".
Los familiares señalaron que la Fiscalía General de la República intenta sostener la denominada "tesis de las funerarias" mediante pruebas presuntamente fabricadas y exigieron que el proceso judicial se lleve con evidencia científica y respeto al debido proceso.
Aseguran que uno de los médicos ni trabajaba en el Semefo en 2014
Los inconformes afirmaron que Ben Yehuda Martínez Hernández ni siquiera era médico ni laboraba en el Servicio Médico Forense cuando ocurrieron los hechos de septiembre de 2014, por lo que consideran imposible que haya participado en ellos.
También recordaron que Julio César Valladares compareció en diversas ocasiones ante la FGR desde 2014 sin que durante más de una década se le atribuyera alguna responsabilidad. En el caso de César Manuel Espinoza Suástegui, sostuvieron que se le pretende responsabilizar por problemas estructurales del Semefo relacionados con presupuesto, infraestructura y personal.
Los manifestantes insistieron en que esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es una obligación del Estado, pero pidieron que la investigación no avance mediante acusaciones que, aseguran, carecen de sustento.
