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A partir de este 5 de mayo entró en vigor la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, entre otras cosas, da origen al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La nueva ley - que por mucho supera a la anterior - es producto de un largo proceso de diálogo entre legisladores, académicos, miembros de la sociedad civil, del IFAI - ahora INAI - y de representantes del Ejecutivo. El proceso es un ejemplo de diálogo político colectivo que no estaría mal replicar en todo el país a la hora de homologar las leyes estatales con la ley federal. No estaría mal.
De las nuevas disposiciones hay tres aspectos que me parecen relevantes:
- La obligación de generar información en formato abierto. Esto es que los ciudadanos y ciudadanas podremos solicitar y recibir información en formatos originales, con la posibilidad de reutilizarlos, usarlos a nuestra conveniencia e interés, y hacer los cruces necesarios para desentrañar a detalle el quehacer público, sus resultados y los impactos para el desarrollo colectivo.
Esta nueva obligación sin lugar a dudas significará un verdadero reto en todo el país. Si ya resulta difícil para los distintos niveles de gobierno transparentar información básica, mucho trabajo les costará compartir sus bases de datos y archivos en formato original. Para los ciudadanos también significa un reto, pues contar con más información implica mayor responsabilidad sobre el uso y manejo de datos.
- La obligación de formar Consejos Consultivos de los institutos de transparencia. O sea, en cada estado de la República, por ley, deberá formarse un cuerpo honorífico, especializado, conocedor del tema, que podrá conocer y vigilar el funcionamiento de los llamados órganos garantes. Esta disposición es particularmente importante, pues hasta ahora los institutos de transparencia, como órganos autónomos, no tenían contrapesos morales; contar con un grupo especializado que pueda tener acceso a los archivos del órgano garante, podría contribuir a una mejor defensa del derecho ciudadano a saber.
Muchos comisionados, desde la comodidad de su no transparencia, se han dedicado a cuidar su imagen e intereses políticos bajo la esperanza de la ratificación. Un órgano consultivo, serio y comprometido con la sociedad, limita estos comportamientos.
- Recursos de inconformidad ante el IFAI. Además de estas nuevas posibilidades para el acceso a la información, se diseñó el recurso de inconformidad que es un mecanismo para que los ciudadanos apelemos las decisiones de los institutos de transparencia cuando respaldan a las autoridades para negar información. Esta disposición es muy importante para los estados de la República, pues significa una presión pública a los órganos garantes quienes, espero, no desearán que se les identifique como defensores de la opacidad al tener record de inconformidades ante el IFAI.
Estas son algunas de las novedades, que a mi juicio, son significativas en las nuevas disposiciones de transparencia. Hay muchas más cosas bondadosas para el derecho a saber, pero el gran reto social ahora es vigilar que se cumpla en cada una de sus partes, tanto a nivel federal como en los estados. Eso, sí es un verdadero desafío.
@uribarreda
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