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Washington.- En un giro radical a su doctrina de seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos ha iniciado una ofensiva diplomática para catalogar y combatir lo que denomina "terrorismo político de extrema izquierda" a nivel global. El esfuerzo, liderado por el secretario de Estado, Marco Rubio, busca establecer un frente común con decenas de países occidentales; sin embargo, la iniciativa nació con notables ausencias en América Latina.
México, bajo su tradicional postura de no intervención en asuntos de otros Estados, rechazó participar en el encuentro, una decisión que también tomaron los gobiernos de Brasil y Colombia.
Durante el discurso de bienvenida a representantes de unas 60 naciones —entre las que sí figuraron delegaciones de Argentina, Chile, Ecuador y Perú—, Rubio afirmó que la estrategia antiterrorista de Washington ha ignorado durante décadas la violencia proveniente de la izquierda radical. El funcionario estadounidense lamentó que la amenaza sea calificada en círculos académicos y periodísticos como una teoría de conspiración y recordó los años de violencia guerrillera en el hemisferio occidental, haciendo referencia a grupos como las FARC en Colombia, el ELN y Sendero Luminoso en Perú.
Contradicciones en las cifras de seguridad
La nueva estrategia de la administración de Donald Trump ha levantado fuertes cuestionamientos tanto dentro como fuera de Estados Unidos, particularmente por la falta de sustento técnico en sus prioridades de seguridad.
Un informe oficial del Departamento de Justicia estadounidense determinó previamente que, desde 1990, los extremistas de derecha han perpetrado un número significativamente mayor de homicidios motivados por cuestiones ideológicas en comparación con los grupos de izquierda. No obstante, dicho documento fue retirado de los portales gubernamentales en septiembre del año pasado.
Ante este panorama, legisladores demócratas de alto rango en el Comité de Asuntos Exteriores enviaron una carta formal a Marco Rubio para manifestar su preocupación. En la misiva, acusaron al Departamento de Estado de intentar politizar las tareas de inteligencia y seguridad nacional, alertando que concentrar los recursos de defensa en el extremismo de izquierda, ignorando otras amenazas probadas de violencia interna, debilita las instituciones de justicia.
Seguridad fronteriza y restricciones de visado
La agenda del foro también evidenció que el plan de Washington contempla el uso de los aparatos de inteligencia para vigilar de cerca la disidencia interna y las protestas sociales en su territorio.
Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los principales asesores del Ejecutivo, detalló que por primera vez todas las agencias de seguridad e inteligencia del país coordinan esfuerzos para identificar y desarticular los flujos de financiamiento de organizaciones asociadas al movimiento "antifa", el cual fue catalogado formalmente como organización terrorista doméstica por decreto presidencial.
Miller justificó las medidas de fuerza bajo el argumento de que diversos colectivos han incrementado sus agresiones físicas contra los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Al cierre de la cumbre ministerial, el Departamento de Estado anunció la implementación de nuevas restricciones para la emisión de visados a ciudadanos extranjeros que sean señalados por el gobierno estadounidense de colaborar o pertenecer a agrupaciones vinculadas con la extrema izquierda, sentando las bases de un nuevo y tenso capítulo en las relaciones bilaterales de la región.
