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Ciudad de México.- La elección judicial, una de las piezas más ambiciosas de la reforma al Poder Judicial, podría no ocurrir cuando se esperaba. Ahora, el calendario se mueve… o al menos eso está sobre la mesa.
Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo dejó ver que el plan ya no es inamovible. La razón no es menor ni técnica: es presupuestal. Organizar una elección de este tamaño cuesta —y mucho—, y en ese cálculo, el 2027 empieza a perder fuerza.
La ruta no es simple. Para cambiar la fecha, se necesita modificar la Constitución. Y eso implica mayorías legislativas, negociación política y tiempos que, irónicamente, también corren.
Mientras tanto, en paralelo, la Secretaría de Gobernación ya conversa con el Instituto Nacional Electoral. No es todavía una decisión tomada, pero sí una señal clara: el tema dejó de ser hipotético.
En el Congreso, Morena ya se adelantó. Su iniciativa propone que la elección judicial se recorra a 2028 para empatarla con otros comicios y reducir costos operativos. Un movimiento que, más que técnico, también reacomoda el ritmo político de la reforma. Pero el ajuste no se queda en la fecha.
La propuesta también redefine el perfil de quienes aspiran a impartir justicia:
menos énfasis en calificaciones académicas, más peso en certificaciones profesionales; más filtros para evitar perfiles con pasado político reciente;
y, en algunos casos, experiencia obligatoria dentro del propio Poder Judicial.
El fondo del debate empieza a tomar forma: no solo cuándo se elige, sino quién puede llegar.
Por ahora, la elección judicial sigue en el calendario… pero con asterisco. Y ese asterisco, hoy, tiene nombre: presupuesto.
