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Chilpancingo, Guerrero.- La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, aseguró que todas las contrataciones de materiales electorales se han realizado mediante licitación y rechazó que el organismo haya recibido observaciones por esos procedimientos.
En el contexto del escándalo por los contratos millonarios asignados en el Instituto Nacional Electoral (INE) a empresas vinculadas con personas cercanas a su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala, Matildes Gama sostuvo que en Guerrero no existen señalamientos por irregularidades.
Reconoció que en 2021 el IEPC contrató a la empresa Cajas Graf, propiedad de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, por 49 millones de pesos para el suministro de materiales electorales. Sin embargo, afirmó que el contrato se asignó mediante licitación.
De ese contrato con dicho negocio “Debió ser legal porque no hay ninguna observación de ninguno de los órganos respecto a este procedimiento”, argumentó al señalar que parte de esos materiales se reutilizaron en las elecciones de 2024.
IEPC reporta contratos por 29 y 18 millones de pesos
La consejera presidenta agregó que el organismo es auditado cada año por el Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Detalló que en el proceso electoral 2017-2018 el contrato fue asignado a Litoformas por 29 millones de pesos, mientras que para los comicios de 2023-2024 se contrataron los servicios de Talleres Gráficos por 18 millones.
Prevén gastar hasta 10 millones de pesos en 2027
Para las elecciones 2026-2027, estimó que el gasto máximo en materiales electorales será de 10 millones de pesos para instalar 5 mil 102 casillas. Actualmente, dijo, realizan un estudio de mercado para determinar las mejores condiciones de contratación.
Matildes Gama aseguró que el IEPC buscará ejercer los recursos con transparencia, reutilizar los materiales disponibles y obtener mejores precios. También pidió a la ciudadanía confiar en el organismo y afirmó que no han recibido presiones de empresas para favorecerlas en las contrataciones.