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Coyuca.- La última vez que la familia de José Ángel López Girón lo vio con vida fue el viernes 11 de septiembre. El hombre, de 37 años y originario de La Laguna, en Tecpan de Galeana, viajaba junto con sus familiares cuando fueron detenidos en un retén instalado sobre el bulevar de Coyuca de Benítez.
De acuerdo con la denuncia de sus familiares, los policías municipales lo hicieron bajar del vehículo y se lo llevaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Desde ese momento dejaron de saber dónde estaba.
La familia comenzó a buscarlo
Su esposa, Yannith Cristal Texta Luna, acudió a la comandancia para preguntar por él y conocer el motivo de la detención. Según los familiares, un agente les pidió que se retiraran y presuntamente los amenazó con represalias.
La búsqueda también llegó al Ministerio Público y a la Fiscalía General del Estado. En ambos lugares, según la familia, les indicaron que José Ángel no estaba registrado como detenido.
Tres días después, la búsqueda terminó de la peor manera. El domingo por la tarde, el cuerpo del hombre fue encontrado junto a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de El Papayo, en Coyuca de Benítez.
El cadáver tenía huellas de tortura y dos impactos de arma de fuego en la cabeza, presuntamente producidos por un arma de grueso calibre.
La familia exige investigar a policías
María de Jesús Girón Soberanis, madre de José Ángel, también relató que la familia había salido de La Laguna cuando los policías los interceptaron.
Ante lo ocurrido, sus familiares presentaron una denuncia y pidieron investigar si agentes de la Policía Municipal estuvieron involucrados en la detención y posterior desaparición del hombre.
También solicitaron revisar una posible responsabilidad de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública por acción u omisión.
La familia pidió además que se investigue al alcalde de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz, por la actuación de los elementos municipales durante su administración.
Los familiares adelantaron que buscarán la intervención de la Fiscalía General de la República para solicitar una posible atracción del caso y acudirán ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para pedir medidas cautelares ante el temor de represalias.
Hasta ahora, las acusaciones contra los policías municipales forman parte de la denuncia de los familiares y deberán ser investigadas y determinadas por las autoridades correspondientes.
