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Ciudad de México.— La investigación relacionada con la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, incorpora información sobre el papel atribuido a Guerreros Unidos en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
De acuerdo con información publicada por El Universal, el expediente describe a Guerreros Unidos como una organización surgida de una escisión de los Beltrán Leyva y señala que mantenía una disputa con Los Rojos por el control de rutas de narcotráfico en Guerrero.
Guerreros Unidos y Los Rojos disputaban el control de rutas
La investigación refiere que Guerreros Unidos se formó después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en 2009, y que fue fundado por Mario Casarrubias Salgado, conocido como “El Sapo Guapo”, y Cleotilde Toribio Rentería, “El Tilde”.
Según el documento citado, el grupo tenía como principales actividades la extorsión y el secuestro, además del tráfico de heroína hacia Estados Unidos. También señala una disputa con Los Rojos por el control de rutas de narcotráfico.
La indagatoria plantea que esa rivalidad pudo haber sido uno de los factores relacionados con la agresión contra los estudiantes en Iguala, aunque el señalamiento es presentado como una posible línea de investigación.
El expediente también señala la presunta destrucción de evidencias
La investigación relacionada con Ángel Aguirre también incluye testimonios sobre lo ocurrido después de la desaparición de los estudiantes. Una de las declaraciones citadas corresponde a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, entonces visitadora general del Consejo de la Judicatura de Guerrero.
Según su testimonio, el 27 de septiembre de 2014 recibió una llamada de Lambertina Galeana Marín, entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, quien le informó que el gobernador había ordenado que funcionarios estatales acudieran al Palacio de Justicia de Iguala.
Dos días después, el 29 de septiembre, Galeana Marín le habría comunicado que Aguirre había instruido a funcionarios para hablar con los técnicos del Palacio de Justicia y borrar evidencias relacionadas con los hechos.
La acusación contra Aguirre se centra en el ocultamiento de información
De acuerdo con el documento citado por El Universal, la presunta instrucción tenía como objetivo eliminar evidencia que pudiera ser utilizada para responsabilizar al entonces gobernador o a personas cercanas a él.
La investigación señala además que el 30 de septiembre de 2014 se realizaron reuniones en Palacio de Gobierno con funcionarios estatales, entre ellos Iñaky Blanco Cabrera, Jesús Martínez Garnelo, Lambertina Galeana Marín y Blanca María del Rocío Estrada Ortega.
El caso forma parte de las investigaciones que llevaron a la detención de Aguirre Rivero por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la desaparición de los normalistas y el ocultamiento de evidencias.
La información sobre Guerreros Unidos forma parte del contexto criminal que las autoridades investigan alrededor de los hechos ocurridos en Iguala, mientras que las acusaciones contra Aguirre corresponden a una investigación judicial que deberá continuar su curso conforme al debido proceso.
