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Chilpancingo.— En Guerrero, la justicia no es un bien público, sino un recurso escaso y, a menudo, manipulado. A un año del asesinato de Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), las calles de Chilpancingo y la Autopista del Sol volvieron a llenarse de protestas. No es solo una marcha por el luto, sino un balance negativo de la gestión del teniente Coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Desde que Torres Ojeda asumió el cargo tras la estrepitosa salida de Sandra Luz Valdovinos —otra figura militar marcada por la impunidad en omisión por el caso del normalista Yanqui Kothán—, la narrativa oficial de "orden y legalidad" se ha estrellado contra una realidad de expedientes vacíos y cifras rojas.
El costo de la ineficacia
La lista de pasivos de la Fiscalía es extensa y de alto perfil. Bajo la actual administración morenista de Guerrero, se ha visto caer a figuras clave de la lucha social y la política local: desde el fundador de las autodefensas, Bruno Plácido Valerio, hasta la académica Ivonne Hernández Nava y el político priista Ricardo Taja. La constante en todos estos casos no es solo la violencia, sino el silencio administrativo de una FGE que parece más ocupada en "administrar deficiencias" que en procesar culpables.
El caso de Suástegui es emblemático de esta parálisis operativa. A pesar de los señalamientos de organismos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que denuncian que la Fiscalía incluso ocultó la captura de un presunto implicado para luego liberarlo, el expediente permanece estancado. Esta falta de resultados no es un accidente, sino el síntoma de una institución viciada desde sus cimientos.
Formación fraudulenta y opacidad
La crisis estructural de la FGE tiene raíces profundas. Fuentes cercanas y observadores de derechos humanos señalan una "formación fraudulenta" de los ministerios públicos. La falta de ética profesional ha derivado en una práctica sistemática de invención de pruebas y alteración de peritajes para lograr vinculaciones a proceso que rara vez resisten un análisis jurídico serio.
Más allá de la técnica criminalística, la opacidad en el manejo de los recursos públicos y la persistencia de una estructura heredada de décadas de "Guerra Sucia" sugieren que el cambio de nombres en la titularidad no ha significado un cambio de paradigma. La FGE sigue operando bajo patrones de criminalidad que, en lugar de desmantelarse, parecen haberse mimetizado con la burocracia actual.
Un riesgo para la gobernanza
Para los ciudadanos, la impunidad es el principal desincentivo para la inversión y la paz social. La ley no se aplica con el mismo énfasis a fiscales, peritos y ministerios públicos que por omisión, corrupción o mediocridad, dañan vidas para siempre al forzar expediente y falsificar pruebas. Con cinco periodistas asesinados en el actual sexenio y el desplazamiento forzado de defensores como el padre Filiberto Velázquez, Guerrero proyecta la imagen de un estado donde la ley es opcional.
La marcha del pasado viernes, que unió a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con campesinos del CECOP y colectivos de desaparecidos, es un recordatorio de que la presión social está alcanzando un punto de ebullición. Exigen resultados "profesionales, certeros y creíbles", tres adjetivos que hoy parecen ajenos a la oficina del fiscal Torres Ojeda.
Si la gobernadora Salgado busca que su administración sea recordada por algo más que por la gestión de crisis, la reforma profunda de la Fiscalía —y no solo el cambio cosmético de mandos militares— debe ser la prioridad inmediata. De lo contrario, la impunidad seguirá siendo la "cereza del pastel" en un Guerrero que no encuentra salida a su laberinto judicial.
