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Chilapa, Guerrero.- La guerra en la Montaña Baja de Guerrero ha alcanzado una nueva y tecnificada dimensión de horror. Durante los últimos cinco días, las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán han sido blanco de una ofensiva sistemática perpetrada por el grupo criminal "Los Ardillos", quienes han utilizado drones para lanzar explosivos contra la población civil.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) reportaron este 9 de mayo que la violencia ha forzado el desplazamiento de más de 800 familias. El ataque más severo, ocurrido el pasado jueves, se prolongó por más de ocho horas continuas, dejando a mujeres, niños y ancianos ocultos en la maleza para sobrevivir.
Una "omisión selectiva" del Estado
La denuncia de las organizaciones indígenas no solo señala a los victimarios, sino a la inacción del Estado mexicano. Según el comunicado del CNI, los atacantes operan con libertad a escasa distancia de bases militares.
"La presencia de la Guardia Nacional y el Ejército ha servido únicamente para simular un control mediático", acusa la organización. "Nuestros compañeros están siendo asesinados frente a las instituciones que deberían protegerlos".
Hasta la fecha, el CIPOG-EZ contabiliza una cifra devastadora: 76 integrantes asesinados y 25 desaparecidos en su lucha por la autonomía del territorio, una estadística que cuestiona la narrativa de paz de la administración estatal encabezada por Evelyn Salgado.
El contraste de los datos oficiales
Mientras las organizaciones civiles describen una zona de guerra, el subsecretario de Desarrollo Político de Guerrero, Francisco Rodríguez, ofreció una versión significativamente más reducida. El funcionario reconoció la agresión, pero cifró el desplazamiento en apenas 90 personas (unas 70 familias), asegurando que se han instalado bases de operaciones para "generar condiciones de estabilidad".
Sin embargo, para los habitantes nahuas, la realidad es distinta. En el marco del Día de las Madres, el CIPOG-EZ lanzó un mensaje directo a la presidenta Claudia Sheinbaum:
"¿De qué sirven sus discursos, cuando nuestros niños lloran de miedo por los drones? No queremos su Mundial, queremos que detengan esta guerra contra nuestros pueblos".
Un patrón de impunidad
Organizaciones internacionales han condenado el uso de tácticas de corte paramilitar contra estas comunidades, recordando que desde 2021 la CNDH emitió medidas cautelares que el gobierno estatal ha omitido. La crisis en Chilapa no es solo un conflicto entre grupos; es, según los defensores de derechos humanos, la evidencia de una crisis humanitaria que el Estado mexicano se empeña en ocultar bajo una capa de burocracia y mesas de diálogo que no detienen las balas.
