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Perote, Ver.- Un megaoperativo de las fuerzas federales, coordinado por la Secretaría de Marina (Semar), desmanteló una compleja red de huachicol que operaba bajo la fachada de una supuesta empresa de manejo de residuos peligrosos en el municipio de Perote, Veracruz.
El hallazgo, que las autoridades han calificado como un golpe significativo al crimen organizado, reveló que el predio era en realidad un centro clandestino de almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal.
La acción, en la que participaron elementos de la FGR, la SSPC, la Sedena, la Guardia Nacional y Pemex, culminó con el aseguramiento de una considerable infraestructura para el trasiego ilícito de combustible.
Detenciones y decomiso millonario
En el sitio fueron detenidos ocho hombres, quienes presuntamente participaban en las operaciones ilegales. Las cifras del decomiso reflejan la magnitud del negocio que las bandas criminales habían montado:
- 250 mil litros de combustible asegurado.
- 12 pipas de diversas capacidades, utilizadas para el transporte del hidrocarburo robado.
- Un inmueble con las instalaciones clandestinas.
- Dispositivos electrónicos y documentación que se presume es clave para desentrañar la red.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resaltó que esta acción representa una afectación económica estimada en al menos $247 millones 581 mil 164 pesos a la delincuencia organizada, subrayando la importancia estratégica de Veracruz en el mapa del crimen relacionado con el robo de combustibles.
La opacidad del ‘huachicol’ y la investigación pendiente
Los ocho detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien deberá integrar la carpeta de investigación. Sin embargo, como es frecuente en este tipo de operativos, persiste el cuestionamiento sobre qué tan arriba llega la complicidad que permite a estas refinerías clandestinas operar con tal nivel de infraestructura y logística bajo la vista de autoridades locales.
El modus operandi de utilizar una empresa formal —en este caso, de manejo de residuos— como pantalla para un delito de alto impacto económico y ambiental, exhibe la sofisticación de los grupos dedicados al huachicol y la corrupción institucional que necesariamente requieren para su funcionamiento. El reto de la FGR será no solo procesar a los detenidos, sino desmantelar la cadena de mando y las posibles conexiones dentro de Pemex o de gobiernos que facilitaron la extracción, almacenamiento y venta de este cuarto de millón de litros de combustible.
Buscan desmantelar la red de corrupción
Tras el operativo en Perote, Veracruz, donde fue desarticulada una refinería clandestina que operaba bajo la fachada de una recicladora de residuos, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió formalmente la investigación para determinar la situación legal de los ocho hombres detenidos y la suerte final del millonario aseguramiento.
Según el protocolo establecido, tanto los ocho capturados como los 250 mil litros de combustible, las 12 pipas y el inmueble asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF).
El Proceso penal y la acusación clave
Se espera que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), integre la carpeta de investigación con base en el delito de posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos, un crimen federal que se castiga con penas severas. El desafío legal para la FGR será probar no solo la flagrancia, sino la existencia de una estructura de delincuencia organizada que facilitó la operación clandestina.
- Situación de los detenidos: En un plazo legal, el MPF deberá judicializar el caso. La gravedad del delito y la cuantiosa afectación económica (estimada en $247.5 millones de pesos) sugieren que los detenidos podrían enfrentar la solicitud de prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla el proceso.
- Destino del inmueble y equipo: El inmueble asegurado y la maquinaria utilizada para la refinación ilegal quedan bajo resguardo ministerial y serán sometidos a un proceso de extinción de dominio, lo que permitiría al Estado apropiarse de los bienes utilizados por el crimen. El combustible decomisado, por su parte, es puesto a disposición de Pemex para su manejo y desecho adecuado o aprovechamiento, conforme a los protocolos.
Investigación sigue el rastro de la corrupción
Más allá de los detenidos en el sitio, fuentes federales señalan que la investigación se enfocará en desmantelar la cadena de suministro y distribución, lo que implica revisar la documentación asegurada y los dispositivos electrónicos para identificar a los verdaderos líderes de la red. El hecho de que la operación funcionara como una empresa con fachada legal sugiere la posible implicación de exfuncionarios o la existencia de corrupción dentro de organismos reguladores o incluso dentro de Pemex, un patrón recurrente en los grandes golpes al huachicol en el país.
