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Ciudad de México.- El hombre que en 1989 rompió la hegemonía del PRI y abrió la puerta a la alternancia política en México durmió anoche en una celda de máxima seguridad. Tras una agotadora audiencia que se prolongó por más de 30 horas en los tribunales del penal del Altiplano, la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega decretó la vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando a gran escala de hidrocarburos.
La resolución judicial corta de tajo la libertad del político panista y de cinco de sus presuntos socios, en una investigación que destapa cómo la delincuencia organizada en torno al combustible dejó de ser un asunto exclusivo de tomas clandestinas en el campo para convertirse en un sofisticado negocio de cuello blanco operado a través de empresas trasnacionales y trenes de carga.
La ingeniería corporativa detrás del "huachicol VIP"
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Ruffo Appel y sus coacusados no operaban en la clandestinidad de un ducto perforado, sino a través de un complejo entramado de 11 compañías diseñadas para simular operaciones legales. La pieza central del esquema era la empresa Ingemar, de la cual el exmandatario figura como consignatario, en alianza con la firma Internacional de Fundentes como destinatario final.
La fiscalía sostiene que esta red logró introducir a territorio mexicano más de 18 millones de litros de diésel y gasolina distribuidos en 163 carrotanques. La ruta del hidrocarburo resulta paradójica: según la orden de aprehensión, se realizaron al menos nueve embarques ferroviarios desde Deer Park —la refinería en Texas propiedad de Pemex— utilizando permisos falsificados y alterando los volúmenes autorizados para evadir los controles fiscales de aduanas.
Maratón en el tribunal y destinos divididos
El fallo judicial se dio a conocer en las instalaciones anexas al Cefereso Número 1, en Almoloya de Juárez, en un ambiente tenso por el desgaste de más de un día continuo de debate entre defensas y fiscales. La jueza determinó que las pruebas eran suficientes para mantener tras las rejas del Altiplano a Ruffo Appel, Ricardo Thompson, José Merino Valdés, Juan Hermilo Chávez y Luis Antonio Barrientos.
Para otros implicados, el desenlace tomó matices distintos por cuestiones de salud. José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales libraron el internamiento en el penal mexiquense y enfrentarán el juicio bajo prisión domiciliaria debido a sus padecimientos médicos. Por su parte, Adriana Magali Bárcenas Guillén continuará recluida en el penal de Nezahualcóyotl Sur.
Con el cierre de esta etapa procesal, la figura del primer gobernador de oposición en la historia moderna del país queda supeditada al ritmo de los tribunales, atrapada en la trama de un delito que movió millones de litros por las vías del tren a la vista de las autoridades.
