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Estados Unidos.- Un juez federal de Nueva York puso a la administración de Donald Trump bajo presión para explicar el fundamento jurídico de una de sus políticas más cuestionadas.
El gobierno deberá entregar al tribunal un memorando del Departamento de Justicia que respalda los ataques contra embarcaciones que Estados Unidos vincula con el narcotráfico.
El magistrado Paul A. Engelmayer estableció un plazo de dos semanas para recibir el documento y revisarlo de manera confidencial. La decisión se produjo dentro de una demanda impulsada por organizaciones que buscan conocer las bases legales de estos operativos.
El gobierno buscó mantenerlo reservado
Engelmayer rechazó dos argumentos utilizados por la administración para evitar entregar el memorando. En una resolución de 66 páginas, el juez consideró que existen elementos suficientes para revisar el documento, aunque su decisión no significa que vaya a hacerse público.
Otro memorando, de más de 40 páginas y todavía clasificado, también permanece bajo revisión judicial.
El magistrado cuestionó que deba mantenerse reservado bajo el argumento de confidencialidad presidencial y pidió al gobierno identificar a las personas que tuvieron acceso a él desde que fue terminado, en septiembre de 2025.
La disputa ocurre mientras el Pentágono mantiene una estrategia de ataques contra embarcaciones que identifica como relacionadas con el tráfico de drogas. Desde septiembre de 2025 se han registrado al menos 70 ataques en el Caribe y el Pacífico oriental, con más de 230 personas muertas, de acuerdo con la información citada en el caso.
La disputa gira sobre la fuerza letal
La administración Trump sostiene que puede utilizar fuerza letal contra las embarcaciones sospechosas porque Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado formal con una lista secreta de cárteles, una postura que no cuenta con autorización del Congreso.
Especialistas en las reglas que regulan el uso de la fuerza cuestionan esa interpretación y señalan que una persona vinculada con actividades de narcotráfico no pierde automáticamente la protección que corresponde a los civiles.
El litigio comenzó en diciembre con una demanda presentada, entre otras organizaciones, por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles y el Centro de Derechos Constitucionales. Los grupos buscan acceder al fundamento jurídico utilizado por el gobierno.
El propio juez señaló que funcionarios de la administración han citado públicamente el memorando como respaldo de la política de ataques, un elemento que, según su resolución, dificulta justificar que el documento permanezca completamente fuera del alcance de quienes cuestionan esas acciones.
