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Chilpancingo, Guerrero.— Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) cumplieron cuatro días de paro y protestas en Chilpancingo para exigir garantías de estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo y una respuesta a las denuncias de presunto hostigamiento, así como a los cambios normativos que, aseguran, generan incertidumbre sobre sus puestos y lugares de adscripción.
Este viernes, los inconformes marcharon por el bulevar Vicente Guerrero y otras vialidades de la capital, donde reiteraron que no han recibido una respuesta satisfactoria al pliego petitorio entregado al Órgano de Administración Judicial (OAJ). También solicitaron la intervención de la Cámara de Diputados y de la Presidencia de la República.
Uno de los principales reclamos se relaciona con las disposiciones de la reforma judicial de 2024 y los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, particularmente los mecanismos de evaluación y movilidad del personal. Los trabajadores temen que esos procedimientos puedan derivar en cambios de adscripción, incluso a otras ciudades o estados, o utilizarse para justificar sanciones y separaciones del cargo.
¿Qué reforma origina la inconformidad?
La reforma constitucional al Poder Judicial, publicada en septiembre de 2024, modificó la estructura y los mecanismos de integración de los órganos judiciales federales. Entre sus principales cambios estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros, además de una reorganización institucional que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal por nuevas instancias administrativas y disciplinarias.
En ese nuevo esquema, el Órgano de Administración Judicial asumió funciones de administración, organización y gestión del personal y de los órganos jurisdiccionales. Las disposiciones posteriores sobre reorganización de juzgados y tribunales, movilidad y evaluación han generado nuevas inconformidades entre trabajadores.
Los empleados de Chilpancingo sostienen que las medidas deben respetar los derechos laborales adquiridos y las garantías previstas en los artículos transitorios de la reforma. Aclaran que no rechazan la capacitación ni la evaluación profesional, pero piden que los procedimientos tengan criterios claros y no se conviertan en mecanismos arbitrarios para trasladarlos o separarlos de sus puestos.
La preocupación se centra en las consecuencias que una reubicación tendría para quienes llevan años trabajando en una sede determinada. Los cambios de ciudad, señalaron, pueden implicar gastos adicionales de renta, transporte y manutención, además de afectar la organización familiar.
Reclaman salarios, personal y fin al hostigamiento
Además de la estabilidad laboral, los manifestantes exigen un incremento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo. Lucero Chávez Rodríguez afirmó que, desde 2018, los trabajadores han perdido alrededor de 21 por ciento de su poder de compra en términos reales, mientras que el aumento acumulado de 4.5 por ciento al que hizo referencia resulta insuficiente frente a la inflación.
También denunciaron que la falta de personal para cubrir licencias médicas, de maternidad, paternidad y otras ausencias aumenta la carga de trabajo para quienes permanecen en los juzgados y tribunales.
El delegado sindical José Uriel Vega Sierra acusó presuntos actos de hostigamiento y acoso laboral por parte de titulares de órganos jurisdiccionales en Chilpancingo. Aseguró que existen quejas presentadas ante las instancias correspondientes y pidió que el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial intervengan para investigar los señalamientos.
Los trabajadores también expresaron inconformidad por la determinación de un tribunal colegiado de declarar una jornada como inhábil, pero laborable, durante las movilizaciones. Consideran que esa disposición podría abrir la posibilidad de descuentos salariales para quienes no se presentaron a trabajar durante la protesta.
Los manifestantes advirtieron que mantendrán el paro mientras no reciban respuestas concretas a sus demandas. Entre sus exigencias se encuentran el respeto a sus derechos laborales, reglas claras para las evaluaciones y los cambios de adscripción, mejoras salariales, cobertura de vacantes y atención a las denuncias de hostigamiento.
