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Congreso de Guerrero propone iniciativa para fortalecer procuradurías infantiles muncipales

La propuesta plantea dar mayor capacidad legal y operativa a las áreas municipales que atienden casos de violencia, abandono y vulneración de derechos a la niñez

Congreso de Guerrero propone iniciativa para reforzar defensa infantil

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Chilpancingo, Gro.- La protección de niñas, niños y adolescentes volvió al centro del debate en el Congreso de Guerrero con una iniciativa que pretende reforzar el papel de las procuradurías municipales encargadas de atender casos de violencia, abandono y vulneración de derechos.

La diputada Glafira Meraza Prudente planteó modificar la legislación estatal para que estos organismos tengan reconocimiento jurídico claro, personal especializado y recursos suficientes para actuar de manera inmediata en situaciones de riesgo.

Atención inmediata en municipios

La propuesta contempla cambios a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero. Entre los puntos principales destaca la obligación de fortalecer las áreas municipales que atienden casos relacionados con menores en situación vulnerable.

La legisladora sostuvo que muchos municipios siguen enfrentando limitaciones para responder con rapidez ante denuncias de violencia familiar, omisión de cuidados, abandono o conflictos relacionados con custodia y protección urgente.

También señaló que, aunque desde hace años existen instancias estatales y regionales, todavía hay vacíos en el nivel municipal que frenan una atención más efectiva.

Buscan personal especializado

La iniciativa propone integrar equipos mínimos conformados por un procurador, un psicólogo y un trabajador social, además de otorgar facultades legales para intervenir en procesos judiciales y administrativos en representación de menores.

Otro de los cambios plantea que las personas titulares de estas procuradurías sean elegidas mediante convocatoria pública y aval del Cabildo, con periodos de cuatro años para evitar cambios constantes y dar seguimiento a los casos.

La propuesta fue turnada a comisiones legislativas para su análisis y recibió el respaldo de la diputada Marisol Bazán Fernández.

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