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Minimiza gobierno de Guerrero la crisis en la Montaña: Gustavo Alarcón

El edil de Chilpancingo acusó que autoridades estatales están criminalizando a municipios y alcaldes que han denunciado la violencia y la falta de resultados en seguridad

El alcalde de Chilpancingo acusa al gobierno estatal de minimizar desplazamientos y ataques

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Chilpancingo, Guerrero.- El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, lanzó este lunes un fuerte posicionamiento público contra autoridades estatales de Guerrero y acusó que la crisis de violencia y desplazamientos en distintas regiones está siendo minimizada mientras municipios y comunidades enfrentan ataques constantes.

En un comunicado difundido este 25 de mayo, el presidente municipal aseguró que “no se debe ni se puede gobernar estigmatizando a quienes levantan la voz” y afirmó que señalar a municipios y alcaldes que exigen seguridad es una forma de evadir responsabilidades.

El mensaje ocurre en medio de semanas de tensión por la violencia en Chilapa y comunidades de la Montaña baja, donde pobladores indígenas denunciaron ataques armados, desplazamientos forzados y presencia de grupos criminales.

Alarcón señaló directamente al subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, de minimizar la dimensión real de la crisis y priorizar “cálculos políticos” por encima de la seguridad de la población.

“Reducir la problemática de Guerrero a nueve municipios o a un puñado de alcaldes es una forma de evadir responsabilidades”, expresó.

El conflicto ocurre tras semanas de violencia, operativos y denuncias en la Montaña baja

Hace apenas unos días, nueve alcaldes de la Montaña baja y zona Centro sostuvieron reuniones con autoridades estatales y federales para discutir la situación de violencia en la región.

El conflicto creció después de los hechos registrados en comunidades de Chilapa como Tula, Xicotlán y Coatzingo, donde organizaciones comunitarias denunciaron ataques armados y desplazamientos de familias enteras. Reportes periodísticos nacionales señalaron que más de mil elementos federales y estatales fueron desplegados en la región tras la escalada de violencia.

Mientras el gobierno estatal informó que existe retorno gradual de familias desplazadas y acompañamiento institucional en las comunidades afectadas, organizaciones civiles y habitantes denunciaron que las cifras oficiales no reflejan la dimensión real del problema.

El propio Francisco Rodríguez Cisneros declaró recientemente que en algunas comunidades “no se tiene registro de incidentes”, pese a reportes difundidos por medios y habitantes sobre situaciones de violencia.

En su posicionamiento, Gustavo Alarcón también acusó que las Mesas de Coordinación de seguridad se han convertido en espacios donde se anuncian acuerdos que después no se cumplen en territorio.

“Existe una brecha profunda entre lo que se acuerda y lo que realmente se implementa”, afirmó.

El alcalde sostuvo que Guerrero necesita “un puente institucional que resuelva y no genere más conflictos”, y advirtió que seguirá denunciando públicamente la situación de inseguridad.

“Gobernar es enfrentar los problemas, no estigmatizar a quienes los denuncian”, expresó.

El choque ocurre además en un contexto político delicado rumbo al proceso electoral de 2027, en medio de disputas territoriales, presiones por seguridad y reclamos crecientes de municipios que exigen mayor respaldo estatal y federal ante la violencia que golpea distintas regiones de Guerrero.

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