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Chilpancingo, Guerrero.— El Congreso de Guerrero aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal para transformar la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a partir de una iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.
Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez señaló que la modificación representa una decisión sobre el modelo de gobierno que se busca para la entidad.
Explicó que la reforma se alinea con los cambios realizados a nivel federal, entre ellos la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024.
“Guerrero no se queda atrás. Este Congreso ya armonizó la Constitución mediante el Decreto Número 257, publicado el 21 de abril de 2026. Lo que hoy votamos es el paso que sigue y que completa esa obra: llevar el mandato constitucional a la ley que organiza el Gobierno del Estado”, expuso.
La nueva secretaría tendrá 48 atribuciones
De acuerdo con lo expuesto durante la presentación del dictamen, la reforma actualiza la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal e incorpora 48 atribuciones para fortalecer las tareas de prevención y combate a la corrupción, evaluación del desempeño, simplificación de trámites, gobierno digital y apertura de datos.
La modificación busca pasar de un modelo centrado en reaccionar ante irregularidades a uno que priorice la integridad pública y la prevención, además de mejorar los mecanismos de evaluación de la gestión gubernamental.
Fortalecen los órganos internos de control
La reforma establece que los Órganos Internos de Control dependerán jerárquica y funcionalmente de la nueva secretaría, en lugar de las dependencias a las que supervisan.
Asimismo, el dictamen señala que se mantienen garantizados los derechos de transparencia y protección de datos personales.
En materia laboral, contempla el respeto a los derechos de las personas servidoras públicas que sean transferidas, sin afectar su antigüedad ni sus prestaciones.
Establecen transición de 90 días
Para implementar los cambios, la reforma prevé una transición ordenada, la continuidad de los expedientes en trámite y un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.
Con la aprobación del dictamen, el Congreso avanza en la armonización del marco legal estatal con las modificaciones constitucionales previamente aprobadas en materia de simplificación orgánica y organización de la administración pública.
