Ciudad de México.- El campamento instalado a las puertas de Palacio Nacional no pide mesas ni promesas. Pide algo más concreto, que se cumpla una sentencia. Y pone una condición, solo se levantará cuando la presidenta Claudia Sheinbaum los reciba.
En entrevista con Bajo Palabra + MX, integrantes del comisariado de bienes comunales de Jicayán de Tovar, en la Costa Chica de Guerrero, explican por qué ya no confían en funcionarios intermedios.
Dicen que ese camino lo han recorrido varias veces y siempre termina igual, acuerdos firmados, compromisos públicos… y ningún avance en campo.
El conflicto que los trajo hasta la capital no es nuevo. Lleva más de 35 años. Es una disputa agraria con una comunidad de Oaxaca por tierras que, aseguran, ya les fueron reconocidas legalmente. Hay sentencia. Hay intentos de ejecución. Pero no hay condiciones de seguridad para concretarla.
Lo que piden no es una nueva resolución, sino que se haga efectiva. Para eso, sostienen, se necesita algo que no ha llegado, acompañamiento de fuerzas de seguridad que permita a las autoridades agrarias ingresar a la zona sin riesgo.
Ismael Vázquez Rodríguez, portavoz del comisariado de bienes comunales, sostuvo en la entrevista que ya han agotado las rutas institucionales. Han acudido a dependencias federales y estatales, firmado minutas y participado en mesas de diálogo que, asegura, no han derivado en acciones concretas.
Bajo Palabra + MX tuvo acceso a documentos que respaldan su reclamo. Este medio cuenta con copias de resoluciones agrarias y oficios enviados a la Presidencia en los que solicitan intervención directa.
También hay acuses de recibido firmados tanto por la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum como por el gobierno de Guerrero encabezado por Evelyn Salgado.
Aun así, dicen, nada se ha ejecutado.
El punto de quiebre llegó cuando, tras nuevos intentos fallidos, les propusieron regresar a mesas de diálogo. La respuesta fue no. Para ellos, volver a negociar sería retroceder a un punto que consideran superado.
El plantón, explican, es una medida de presión y también de hartazgo. Por ahora, es una comisión de alrededor de 300 personas, pero advierten que podrían sumar más si no hay respuesta.
No hay fecha límite. Puede ser hoy, mañana o en días. Pero la postura no cambia, no se moverán hasta que haya una instrucción directa desde la Presidencia para ejecutar la sentencia que —insisten— ya ganaron.
