Tabla de contenido
Montaña de Guerrero.- Ante la escalada de incursiones armadas y la constante incertidumbre por la retirada de las fuerzas de seguridad, comisarios ejidales de cuatro municipios de la Sierra y la Tierra Caliente de Guerrero firmaron un acuerdo unánime para exigir a los gobiernos federal y estatal la instalación inmediata y permanente de Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI).
La resolución fue tomada tras una reunión de emergencia celebrada en la comunidad de Los Bayados, municipio de Ajuchitlán del Progreso. Autoridades de esta localidad, junto con representantes de Coyuca de Catalán, Tecpan de Galeana y Petatlán, argumentaron que la presencia temporal del Ejército y la Guardia Nacional resulta insuficiente, ya que los grupos criminales retoman sus embestidas en cuanto las tropas abandonan los territorios.
Tropas temporales y la estrategia del despliegue criminal
Javier Hernández Peñaloza, secretario del Comisariado Ejidal de Guajes de Ayala, explicó que la dinámica del patrullaje actual deja en indefensión a las comunidades. Como ejemplo, señaló que tras el ataque perpetrado el 8 de julio en Guajes de Ayala, los elementos militares permanecieron solo un mes en la zona; al retirarse el 8 de agosto, la célula delictiva —identificada como La Familia Michoacana— replegó sus filas para reordenarse y atacar posteriormente Los Bayados el 21 de agosto.
El representante agrario detalló que los pobladores enfrentan comandos fuertemente armados integrados por contingentes de entre 150 y 300 hombres. Estos grupos fraccionan sus fuerzas para atacar simultáneamente distintos puntos estratégicos, superando en número a los habitantes e incorporando el uso de drones con explosivos como su principal herramienta de combate.
Negativa oficial y puntos clave para la seguridad serrana
La petición formal contempla el establecimiento de puntos fijos de vigilancia del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal en zonas críticas como Los Bayados, Guajes de Ayala y Mesas del Parotal (Petatlán). No obstante, los ejidatarios enfrentan la respuesta burocrática de las autoridades militares; en el caso de Guajes de Ayala, la Novena Región Militar rechazó formalmente la instalación fija, ofreciendo únicamente recorridos esporádicos que, según los denunciantes, no garantizan la integridad de la población.
Ante el alto riesgo de exposición pública, las autoridades locales optaron por mantener bajo resguardo los nombres de otras comunidades vulnerables que integrarán el pliego de peticiones, al tiempo que urgen a las dependencias federales a atender de fondo la crisis de seguridad en la Sierra de Guerrero.
