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La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) cumple 31 años de existencia en Guerrero con modificaciones a su reglamento interno orientadas a ampliar la participación de las mujeres y actualizar las normas que rigen sus procesos de reeducación y el uso de armas de alto poder.
La organización, surgida en octubre de 1995 en comunidades indígenas de la región Costa-Montaña, construyó un sistema propio de seguridad y justicia comunitaria para atender problemas que, de acuerdo con sus integrantes, no eran resueltos de manera efectiva por las autoridades convencionales. En su aniversario número 30, celebrado en octubre de 2025, reafirmó la defensa de la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Mujeres, reeducación y nuevas reglas internas
Los cambios al reglamento buscan abrir mayores espacios para las mujeres dentro de la estructura comunitaria y establecer criterios para su participación en las decisiones y en los procedimientos de reeducación.
La inclusión femenina no parte de cero. En marzo de 2023, representantes de la CRAC-PC presentaron una versión de su reglamento que reconocía derechos de las mujeres y promovía su intervención en las asambleas. Entre las disposiciones difundidas entonces figuraban sanciones contra la venta de niñas y los matrimonios forzados, además de medidas para combatir la violencia contra las mujeres.
En años recientes también se han impulsado mecanismos específicos para atender a mujeres sujetas a procesos de reeducación. Durante una asamblea regional realizada en agosto de 2025, se planteó fortalecer una comisión encargada de recibir, entrevistar e investigar casos que involucren a mujeres, así como revisar la atención a niñas, niños y adolescentes.
Seguridad comunitaria y autonomía indígena
Otro de los asuntos incluidos en la revisión del reglamento es el uso de armas de alto poder. Este tema se relaciona con la seguridad de las comunidades y con los límites legales aplicables a la portación y utilización de armamento.
La legislación de Guerrero establece que la organización de la Policía Comunitaria Indígena debe sujetarse a los sistemas normativos de las comunidades, sin contravenir la Constitución ni las leyes federales y estatales. También señala que la adquisición, portación, conservación y uso de armas deben ajustarse al artículo 10 constitucional.
La CRAC-PC reporta presencia en 160 comunidades de 28 municipios, según los datos proporcionados para esta nota. Su alcance regional la convierte en un actor relevante en la discusión sobre seguridad, acceso a la justicia y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
