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Ciudad de México.- Durante la rendición de su Segundo Informe de Gobierno desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance detallado sobre el estado que guarda la administración pública federal, destacando avances sustanciales en materia macroeconómica, finanzas sanas y la reducción de indicadores delictivos a nivel nacional.
En el ámbito económico, la jefa del Ejecutivo federal informó que la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó un registro récord de 35 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 12 por ciento respecto al ejercicio anterior. Asimismo, destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 1.4 por ciento en el segundo trimestre en comparación con el periodo previo, manteniendo una paridad cambiaria cercana a los 17 pesos por dólar.
Respecto a la disciplina fiscal, el informe detalló un ahorro de 200 mil millones de pesos mediante la reducción de gasto corriente y la contención de sueldos para mandos altos. Los ingresos del Gobierno Federal se ubicaron en 6 billones 46 mil millones de pesos, al tiempo que el salario mínimo general alcanzó los 9 mil 582 pesos mensuales, reflejando un incremento acumulado del 154 por ciento frente a los niveles registrados en 2018.
En materia de seguridad pública, Sheinbaum Pardo señaló que la Estrategia Nacional ha derivado en una reducción del 51 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos en dos años, cifra equivalente a 44 eventos menos al día. De acuerdo con los datos expuestos, de octubre de 2024 a julio de 2026 se concretó la detención de 63 mil personas vinculadas a diversos delitos, el aseguramiento de más de 32 mil armas de fuego y el desmantelamiento de 2 mil 725 laboratorios clandestinos.
Finalmente, la mandataria reafirmó que la política exterior mexicana continuará guiándose por los principios de soberanía y cooperación regional, particularmente en la relación comercial y de seguridad con Estados Unidos, asegurando que el entendimiento entre ambas naciones no implica el sometimiento ni la renuncia a los principios constitucionales del país.
