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Ciudad de México.- La discusión en torno a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral encendió los ánimos en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Transparencia y Anticorrupción avaló con 20 votos a favor y 7 en contra el dictamen que busca homologar los registros públicos de la propiedad en todo el país. Mientras el bloque mayoritario defendió que la normativa erradicará la corrupción y el burocratismo, voces opositoras advirtieron riesgos de centralización y afectaciones a la economía de los ciudadanos.
El fantasma del gravamen: Legisladores de oposición alertaron que la nueva normativa obligará a los ayuntamientos a actualizar y elevar el cobro del impuesto predial.
Blindaje patrimonial: Defensores del dictamen sostienen que la homologación digital otorgará mayor certeza jurídica a las familias sin invadir competencias locales.
Rechazo a consulta: La mayoría parlamentaria desechó la solicitud de abrir un nuevo parlamento abierto para discutir la iniciativa antes de su aprobación.
Durante la sesión presidida por el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, se subrayó que el rezago en esta materia data de mandatos constitucionales previos y que la dispersión actual de datos facilita prácticas ilegales como el despojo y la falsificación. Sin embargo, el debate central giró en torno al impacto financiero y operativo para los municipios.
Diputados de oposición señalaron que la plataforma y los nuevos lineamientos técnicos trasladarán cargas presupuestales injustificadas a los ayuntamientos, lo que inevitablemente derivará en un incremento en las tasas del predial.
En contraparte, los legisladores impulsores de la reforma aclararon que el ordenamiento no fija tarifas ni vulnera el artículo 115 constitucional, sino que dota a las administraciones locales de herramientas tecnológicas para mejorar su recaudación natural y superar brechas operativas. Tras su aprobación en comisión, el documento fue remitido a la Mesa Directiva para su análisis y votación definitiva ante el Pleno.
