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Chiapas.- El Congreso de Chiapas modificó las reglas electorales para que la violencia política contra las mujeres pueda tener consecuencias directas sobre el resultado de una elección. La nueva disposición contempla la nulidad de los comicios cuando las agresiones sean graves, generalizadas y hayan influido de manera determinante.
La reforma también pone la atención en quienes hayan cometido este tipo de actos. Si una elección debe repetirse por violencia política de género, los partidos o candidaturas responsables no podrán participar nuevamente en ese proceso extraordinario.
El margen de cinco puntos
La legislación establece una presunción de que la violencia fue determinante cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor a 5 por ciento. Esto podría facilitar que las autoridades electorales consideren la agresión como un factor capaz de modificar el resultado de las urnas.
El cambio también contempla consecuencias para personas que tengan una sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género. Mientras permanezca vigente la suspensión de sus derechos político-electorales, no podrán ser candidatas ni ocupar cargos públicos.
Más consecuencias para los agresores
Con estas modificaciones, Chiapas incorpora de manera expresa este tipo de violencia entre las causas que pueden afectar la validez de una elección. La intención es evitar que las agresiones utilizadas para frenar o condicionar la participación de mujeres queden únicamente como sanciones individuales.
La reforma fue impulsada por las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez, con participación de autoridades electorales y judiciales del estado.
Entre quienes acompañaron el proceso estuvieron la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Chiapas, Magali Anabel Arellano Córdova, la presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, María Magdalena Vila Domínguez, y María Teresa Olvera Caballero, presidenta de la Red de Paridad de Género.
El nuevo marco busca que las agresiones contra mujeres en una contienda electoral no solo tengan consecuencias para quienes las cometan, sino que también puedan poner en duda la validez de todo el proceso cuando hayan afectado de manera grave el resultado.
