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Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una reforma que busca reducir el uso de dinero en efectivo en México y ampliar las transacciones mediante tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y códigos QR.
La legislación, aprobada durante la sesión del martes 20 de octubre, abre la posibilidad de que los pagos digitales se conviertan en la única forma de pago permitida en determinados sectores y actividades, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La minuta fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación. Esto significa que la aprobación del Senado no implica que el efectivo vaya a desaparecer de manera inmediata de los comercios ni que todos los establecimientos deban dejar de recibir billetes y monedas.
Hacienda decidirá dónde podrán restringir el efectivo
Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es la facultad otorgada a Hacienda para determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en las que los pagos digitales y electrónicos podrán convertirse en la única modalidad aceptada.
De acuerdo con la información publicada sobre el dictamen, la dependencia contará con 15 días hábiles, una vez que entre en vigor el decreto, para emitir una primera determinación sobre esos sectores. Las condiciones y los plazos de transición dependerán de las disposiciones correspondientes.
Por ahora, no puede afirmarse que exista una prohibición general del efectivo en gasolineras, casetas, tiendas u otros establecimientos específicos: la aplicación de la medida dependerá de las determinaciones oficiales que se emitan.
Tarjetas, transferencias y códigos QR: qué contempla la ley
La normativa reconoce distintos medios de pago digitales y electrónicos, entre ellos tarjetas de débito y crédito, transferencias de fondos, domiciliaciones y códigos QR. También contempla tecnologías de comunicación de campo cercano, conocidas como NFC, utilizadas para realizar pagos acercando un dispositivo o tarjeta a una terminal.
Además, establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los proveedores de bienes y servicios deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibir pagos digitales, informar a los usuarios sobre las modalidades disponibles y adoptar medidas para resolver las contingencias que impidan utilizarlas.
La legislación también incorpora la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos vinculados a la contratación digital de servicios financieros.
¿Qué pasará si falla el sistema de pagos?
El dictamen contempla excepciones para las contingencias que imposibiliten recibir pagos digitales o electrónicos. En esos casos, se permitirá utilizar efectivo o cheques, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Este punto resulta relevante porque la implementación de la ley requiere que los establecimientos y las autoridades cuenten con infraestructura para procesar las operaciones. La falta de conectividad, las fallas técnicas o la imposibilidad de utilizar los sistemas de pago son situaciones que deberán atenderse conforme a las reglas previstas.
Oposición cuestiona las facultades de Hacienda
La aprobación estuvo acompañada de cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes advirtieron sobre los riesgos de dejar en manos de Hacienda la decisión de establecer los sectores donde los pagos digitales serán obligatorios.
Entre las preocupaciones expresadas durante el debate se encuentran las dificultades que podrían enfrentar personas sin cuentas bancarias, acceso estable a internet o conocimientos para utilizar herramientas digitales. También se plantearon dudas sobre los costos que asumirían los pequeños comercios para instalar terminales y procesar transacciones electrónicas.
Los promotores de la reforma sostienen que la digitalización puede facilitar las operaciones comerciales, ampliar la inclusión financiera y contribuir a la formalización de la economía.
La ley fue aprobada en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra; en lo particular, los artículos reservados recibieron 72 votos favorables y 37 en contra. El decreto quedó remitido al Ejecutivo federal para continuar el procedimiento correspondiente.
