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Tlapa, Guerrero.- La victoria legal que obtuvieron madres y padres de familia de la comunidad nahua de San Pedro Petlacala aún no se refleja en la vida cotidiana de sus hijos. Casi un año después de que un juzgado federal ordenara atender las deficiencias de la Secundaria Técnica 229 Roberto Mejía Guzmán, los alumnos siguen esperando el inicio real de una obra que consideran urgente.
La comunidad sostiene que el problema dejó de ser únicamente la falta de aulas y ahora representa un incumplimiento a una resolución judicial que obligó al Gobierno de Guerrero, la Secretaría de Educación Guerrero y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa a garantizar el derecho a la educación.
La sentencia sigue sin cumplirse pese al tiempo transcurrido
La demolición del antiguo edificio comenzó el 18 de junio, luego de que las autoridades determinaran que la estructura representaba un riesgo para estudiantes y docentes. Sin embargo, las labores quedaron prácticamente suspendidas pocos días después y desde entonces no existe un avance visible que permita pensar que la nueva escuela estará lista en el corto plazo.
Ante esa situación, los alumnos finalizaron el ciclo escolar utilizando espacios que nunca fueron diseñados para impartir clases. Un grupo ocupó la dirección, otro una bodega y varios más fueron distribuidos entre la comisaría municipal, oficinas comunales y un techado provisional levantado por los propios maestros para evitar que las actividades académicas se detuvieran.
La incertidumbre también alcanza al próximo ciclo escolar, ya que hasta el momento no existe una fecha confirmada para reiniciar los trabajos de construcción.
Tres décadas de abandono mantienen viva la exigencia comunitaria hoy
Lo que hoy ocurre en Petlacala no es un hecho aislado. Habitantes recuerdan que desde la creación de la secundaria, en 1996, la comunidad ha tenido que resolver por su cuenta gran parte de las necesidades del plantel.
Las primeras aulas fueron levantadas con cooperaciones económicas de las familias y con trabajo comunitario, luego de que las gestiones ante distintos gobiernos no dieran resultados. Con el paso de los años, las instalaciones se deterioraron al grado de presentar grietas, filtraciones y desprendimiento de materiales, sin que llegara una intervención integral.
Durante las temporadas de lluvia, el agua ingresaba a los salones y obligaba a colocar cubetas para evitar inundaciones. En otras ocasiones, el polvo que caía del techo alcanzaba a los estudiantes mientras tomaban clases.
Frente a esa realidad, la comunidad decidió acudir a los tribunales. El amparo promovido en 2024 derivó en una sentencia que ordenó construir instalaciones seguras, dotar de servicios básicos, equipamiento escolar, internet, mantenimiento y cubrir la falta de personal docente.
Aunque algunos maestros fueron asignados meses después, los habitantes consideran que la parte esencial del fallo permanece sin cumplirse.
Actualmente la secundaria continúa sin profesores en asignaturas como inglés, biología, química, física y tecnología, además de carecer de atención psicológica para los estudiantes.
Madres y padres de familia aseguran que han participado en reuniones con autoridades educativas y con personal del IGIFE, pero afirman que únicamente han recibido nuevas fechas y explicaciones sobre retrasos administrativos relacionados con la liberación de recursos.
Para quienes integran el comité escolar, la situación refleja el abandono histórico que enfrentan las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, donde, aseguran, el acceso a la educación sigue dependiendo del esfuerzo de los propios habitantes.
Los estudiantes también resienten esa realidad. Algunos deben permanecer en un albergue durante la semana para asistir a clases y otros recuerdan haber estudiado bajo árboles o en edificios prestados mientras esperaban una solución definitiva.
La comunidad advirtió que no permitirá que la resolución judicial quede únicamente en el papel. Por ello acordó dar un plazo de 15 días para que la construcción avance; de lo contrario, organizará movilizaciones para exigir que las autoridades cumplan con la sentencia y garanticen un plantel digno para las nuevas generaciones.
