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Acapulco, Guerrero.- En medio de la crisis estructural que enfrenta el puerto, Yoshio Ávila ha intensificado su presencia territorial a través de la entrega de tinacos y la operación del programa “Agua para Acapulco”, mientras deja abierta una pregunta fundamental: ¿de dónde provienen los recursos que financian esa estrategia?
La visibilidad es evidente. Colonias visitadas, entregas documentadas en redes sociales y narrativa de apoyo social constante. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado públicamente un desglose claro sobre el origen del dinero utilizado para la compra de tinacos, la logística de distribución y el sostenimiento del programa.
La transparencia no es un detalle menor cuando se aspira a gobernar. Es el punto de partida.
Más aún cuando el propio Ávila ha declarado en distintos momentos que no ocupa cargo público ni percibe recursos gubernamentales. Si no se trata de presupuesto oficial, entonces la explicación sobre la fuente de financiamiento debería ser precisa, verificable y documentada.
El contraste con la polémica sobre Abelina
La discusión sobre transparencia no es nueva en Acapulco. La alcaldesa Abelina López Rodríguez ha enfrentado críticas políticas por la presunta falta de comprobación de más de 800 millones de pesos. No obstante, la propia presidenta municipal ha sostenido que la comprobación ya fue entregada ante la Auditoría Superior de la Federación, que es la instancia federal competente, y no ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, como algunos opositores han insistido.
Es decir, mientras a la alcaldesa se le cuestiona públicamente por supuesta falta de transparencia —tema que, según ella, se encuentra en el ámbito de revisión federal correspondiente—, en el caso de Yoshio Ávila ni siquiera existe información oficial presentada sobre el origen de los recursos de su programa social y nadie le cuestiona de dónde provienen los recursos que utiliza en la compra no de un tinaco sino de tráileres de tinaco.
El contraste es inevitable.
Si el estándar para quien gobierna es la rendición de cuentas ante instancias fiscalizadoras, el estándar para quien pretende gobernar debería ser igual o mayor.
Aspiración sin claridad financiera
Ávila ha dejado ver su intención de competir por la alcaldía en 2027. Pero una candidatura no puede sostenerse únicamente en activismo territorial ni en presencia mediática. La viabilidad política también se construye con claridad financiera.
En política municipal, la opacidad genera sospechas, aunque no existan pruebas de irregularidad. Y quien aspira a administrar recursos públicos debe demostrar, antes de la campaña, que entiende el principio básico de rendición de cuentas.
¿Doble vara en la discusión pública?
En el debate local también ha surgido otra pregunta incómoda: ¿existe un trato diferenciado en la manera en que se fiscaliza mediáticamente a los actores políticos?
Mientras a la alcaldesa —mujer e integrante de una comunidad históricamente marginada— se le exige comprobación exhaustiva y se amplifican cuestionamientos, en el caso de un aspirante varón la exigencia pública de transparencia parece menos intensa.
La pregunta no afirma una respuesta, pero sí obliga a reflexionar sobre los sesgos que pueden operar en el debate político local.
El punto central
Más allá de comparaciones, el fondo es uno solo: quien quiera gobernar Acapulco debe transparentar absolutamente todo.
Si la exigencia es rendición de cuentas para quienes ya ejercen el poder, también debe serlo para quienes buscan obtenerlo.
Porque en una ciudad que atraviesa reconstrucción financiera, social y urbana, la confianza pública no se regala. Se demuestra.
