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Acapulco, Guerrero. – El Cabildo de San Marcos incurrió en una flagrante violación a la normativa estatal al avalar la exclusión de la síndica procuradora, Denise Guadalupe Valle Trujillo, de la mancomunación de firmas en las cuentas municipales. Este acto no solo representa un caso de violencia política de género, sino que transgrede los principios de transparencia y rendición de cuentas al impedir las labores de vigilancia del patrimonio público que la ley mandata.
La base legal del incumplimiento De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la figura de la sindicatura es una pieza clave en el control financiero. Al retirarle el derecho a la firma mancomunada, el Ayuntamiento violenta específicamente el Artículo 77, Fracción II, que establece como obligación del Síndico:
"Vigilar que la cuenta pública municipal se integre en los términos de la Ley de la materia y se presente al Congreso del Estado, previa aprobación del Cabildo, así como autorizar junto con el Presidente Municipal y el Tesorero, la documentación relativa a los egresos y de la cuenta pública."
Al impedirle firmar los documentos de egresos, el gobierno municipal de San Marcos elimina el contrapeso legal necesario para garantizar el manejo lícito de los recursos, dejando las finanzas en un estado de opacidad.
Antecedentes de ilegalidad Valle Trujillo denunció que esta medida, aprobada en la sesión de Cabildo del 24 de enero, es el punto culminante de una serie de irregularidades que incluyen la falsificación de su firma y el uso indebido del sello oficial de la Sindicatura por parte de la presidencia municipal, detectados desde diciembre pasado.
La funcionaria sostuvo que ha solicitado reiteradamente información técnica sobre el origen y destino de los montos públicos sin recibir respuesta. "No me he negado a participar; exijo acceso a la información financiera que me corresponde por ley para poder firmar con responsabilidad", aclaró la síndica.
Consecuencias judiciales Al invisibilizar su participación en la toma de decisiones estratégicas, el Cabildo no solo vulnera la representación política de las mujeres, sino que desarticula el sistema de fiscalización previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ante la gravedad de los hechos y la exclusión de sus argumentos legales en el acta oficial de la sesión, Valle Trujillo anunció que acudirá a instancias judiciales y administrativas. El objetivo será revertir un acuerdo de Cabildo que, al violar el Artículo 77 de la Ley Orgánica, pone en riesgo la transparencia del patrimonio de los habitantes de San Marcos.
