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Caracas.- La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó este miércoles que sus operaciones de exportación de crudo y productos derivados continúan con normalidad, a pesar de las amenazas de bloqueo anunciadas la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, difundió el comunicado oficial de la petrolera y ratificó que, pese al “bloqueo ilegal e ilegítimo” decretado por Washington, las exportaciones venezolanas se mantendrán activas “mediante esquemas seguros y con garantías plenas”.
“Venezuela hará respetar sus derechos en materia de libre comercio y libre navegabilidad, conforme al derecho internacional, al desarrollo y al ejercicio de su soberanía”, subrayó Rodríguez.
PDVSA ratifica cumplimiento de compromisos comerciales
En su pronunciamiento, PDVSA aseguró que está garantizado “el cumplimiento de sus compromisos comerciales legítimos y la protección de sus operaciones marítimas”, en consonancia con la Constitución venezolana, las leyes marítimas internacionales y la Carta de las Naciones Unidas.
La empresa estatal sostuvo, además, que sus actividades no se han visto afectadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos ni por otras acciones hostiles.
En ese sentido, denunció que los sabotajes, ataques cibernéticos sufridos durante años y los recientes “actos de piratería internacional para el robo del petróleo venezolano” por parte de EE.UU. no han logrado “hacer mella en la capacidad operativa ni en la determinación de la fuerza laboral de PDVSA”.
Escalada de tensiones con Washington
El martes, Trump anunció un “bloqueo total y completo” a la entrada y salida de buques petroleros de Venezuela y designó al Gobierno venezolano como una “organización terrorista extranjera”, sin presentar pruebas que sustenten dicha acusación. Caracas considera estas declaraciones como parte de una escalada de agresiones contra el país.
Rodríguez advirtió que la Casa Blanca pretende imponer “de manera absolutamente irracional” un bloqueo naval militar con el objetivo de “robar” los recursos naturales venezolanos, que —según afirmó— Washington asume como propios.
La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis
- Despliegue militar: Desde agosto, EE.UU. mantiene una presencia militar significativa frente a las costas venezolanas, bajo el argumento de la lucha antidrogas. Posteriormente lanzó la operación Lanza del Sur, orientada —según Washington— a “eliminar narcoterroristas” y proteger a su territorio. Trump ha llegado a advertir sobre eventuales acciones “en tierra”.
- Operativos letales: En el marco de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo superior a 80 personas muertas, sin que se hayan presentado pruebas concluyentes sobre su vinculación con el tráfico de drogas.
- Asalto a un buque petrolero: Militares estadounidenses abordaron un tanquero en aguas cercanas a Venezuela, hecho que Caracas calificó como “robo descarado” y “acto de piratería internacional”. El presidente Nicolás Maduro lo describió como un “acto absolutamente criminal e ilegal”.
- Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado, sin evidencias públicas, al mandatario venezolano de liderar un supuesto cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa ofrecida por su captura.
- Postura de Caracas: El Gobierno venezolano sostiene que el verdadero objetivo de EE.UU. es forzar un cambio de régimen para apoderarse de las reservas petroleras y gasíferas del país. “El narcotráfico es ‘fake news’; lo que quieren es el petróleo”, afirmó Maduro tras el asalto al buque.
- Falta de sustento: Organismos internacionales y la propia DEA han señalado que Venezuela no es una ruta principal del narcotráfico hacia Estados Unidos, dado que más del 80 % de las drogas circulan por la ruta del Pacífico.
- Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos internacionales han calificado los ataques a embarcaciones como posibles violaciones graves del derecho internacional.
