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Ciudad de México.— Tres semanas antes de ser asesinado a balazos, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, lanzó un desesperado llamado de auxilio al Gobierno Federal ante el retiro de más de 200 elementos de la Guardia Nacional del municipio.
En un mensaje difundido el 8 de octubre a través de sus redes sociales, Manzo alertó que la decisión dejaba a la ciudad “en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado” y advertía que la policía municipal carecía de la capacidad para enfrentar a los grupos delictivos por sí sola.
“Las fuerzas federales estuvieron trabajando muy bien en coordinación con otras fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, logrando resultados y aseguramientos muy buenos en el combate de los delitos federales. Sin explicación alguna, los elementos de la Guardia Nacional que venían a Uruapan fueron retirados”, señaló el edil.
El mensaje fue dirigido de manera explícita a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, solicitando el restablecimiento del apoyo federal.
“Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Federal… para que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la Federación atender”, escribió Manzo, y exhortó a la ciudadanía a difundir su mensaje para que llegara a Palacio Nacional.
El alcalde subrayó que, aunque el municipio haría lo posible por contener la violencia, el combate a la delincuencia organizada es competencia federal, y que sin apoyo la ciudad quedaba a merced de los criminales.
“Nosotros como Municipio de Uruapan seguiremos luchando (…) con lo que esté al alcance de nuestras posibilidades para hacer frente a esta problemática de inseguridad y de violencia que se vive en el país”, advirtió.
La advertencia de Manzo, publicada apenas tres semanas antes de su muerte, pone en evidencia la insuficiencia y la tardanza de la respuesta del gobierno federal, y deja un saldo de preguntas sobre la estrategia de seguridad en Michoacán y la protección de autoridades locales frente al crimen organizado.
