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Chilpancingo, Gro., 13 de septiembre de 2026.— El expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui García, se defendió ante los señalamientos surgidos por la investigación del presunto cobro irregular de 49 cheques durante el periodo en que encabezó ese órgano legislativo y aseguró que tiene “toda la apertura” para comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El diputado local de Morena afirmó que permanecerá atento a cualquier requerimiento de la autoridad ministerial y que está dispuesto a proporcionar la información que sea necesaria para esclarecer los hechos.
“Tengo toda la apertura”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de ser llamado a comparecer ante la Fiscalía.
Urióstegui remarcó que se encuentra en Chilpancingo y continuará normalmente con sus actividades públicas y políticas, mientras la FGE desarrolla las investigaciones.
El legislador sostuvo que será respetuoso de la carpeta de investigación y se pronunció porque las indagatorias lleguen hasta sus últimas consecuencias, se conozca la verdad y se deslinden responsabilidades.
La investigación deriva de una denuncia presentada por la diputada Guadalupe García Villalva por el presunto cobro indebido de 49 cheques entre enero y junio de 2026, mediante firmas que habrían sido falsificadas.
De acuerdo con la denuncia que posteriormente circuló en Facebook, se señala a por lo menos ocho funcionarios relacionados con la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso local: Esli Joanan Navarrete Cisneros, Héctor Avilés Cruz, Brian Luna Aguirre, José Ángel Rómulo, Erick Chávez Medina, Alex Cepeco Justo, Jorge Antonio Solís Ocaña y Samir Robles Estrada.
Urióstegui pidió no adelantar juicios contra las personas mencionadas y señaló que debe respetarse la presunción de inocencia hasta que la Fiscalía concluya sus investigaciones y determine, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
También expresó su solidaridad con la diputada Guadalupe García Villalva, a quien identificó como una de las 21 personas presuntamente agraviadas.
El excoordinador de Morena sostuvo además que, de acuerdo con el contenido de la denuncia difundida públicamente, el caso no involucra legalmente al jefe de la Oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Ante los cuestionamientos sobre las implicaciones políticas del caso, Urióstegui evitó especular sobre un posible trasfondo detrás de la denuncia y rechazó entrar en confrontaciones.
También descartó alimentar posibles divisiones al interior de Morena y se pronunció por mantener la unidad, el diálogo y la construcción de consensos dentro del partido.
La investigación ocurre por operaciones realizadas durante los primeros seis meses de 2026, periodo en el que Urióstegui se encontraba al frente de la Jucopo. Frente a ello, el legislador sostuvo que no evadirá un eventual requerimiento de la autoridad y que será la FGE la encargada de esclarecer lo sucedido.
“Tengo toda la apertura”, reiteró sobre una posible comparecencia, al señalar que continuará en Chilpancingo y con sus actividades mientras avanzan las investigaciones.
