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El anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el bloqueo de cuentas a la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, y a otros 21 individuos y empresas, ha encendido las alarmas y levantado serios cuestionamientos.
La medida, que sigue a una designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, apunta a presuntos nexos con la facción "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. Si bien la UIF justifica su acción como un acto de "cooperación internacional", la rapidez y el perfil de la implicada sugieren una dinámica más compleja que una simple réplica de una orden extranjera.
La celeridad con la que el gobierno mexicano actúa frente a una designación de la OFAC, especialmente cuando la señalada es una figura política de alto perfil del partido en el poder, contrasta con la habitual lentitud de las investigaciones internas. A pesar de que la UIF subraya que este bloqueo es una "medida de carácter preventivo" y no una "determinación judicial", la realidad es que sus efectos son devastadores. Congele las cuentas de la diputada, lo que la deja sin acceso a sus recursos, sin que exista una sentencia o una investigación judicial formal que la declare culpable. Esto, a pesar de que la propia UIF dice que es solo una medida administrativa, tiene un gran peso moral y político.
Un juego de espejos: ¿La UIF como brazo ejecutor de Washington?
La OFAC ha señalado que la diputada Brown Figueredo habría utilizado su influencia política, derivada de su cargo como alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, para apoyar al grupo criminal.
La UIF, por su parte, se limita a copiar la lista y a decir que investigará. ¿Es la UIF un simple ejecutor de las listas negras de Estados Unidos? Esta aparente sumisión plantea interrogantes sobre la soberanía de las instituciones mexicanas.
El gobierno estadounidense, a través de la OFAC, tiene un historial de designaciones que no siempre se traducen en procesos judiciales o condenas en México. La decisión de congelar cuentas en nuestro país basada únicamente en la designación de un organismo estadounidense, sin una investigación propia previa y sin evidencia pública, podría sentar un precedente peligroso. La diputada tiene el derecho a defenderse, pero la percepción pública ya está marcada por el "sospechoso" bloqueo de sus cuentas.
El riesgo de la "justicia" selectiva
La UIF asegura que su bloqueo es una medida "preventiva", pero el daño político y mediático ya está hecho. La oposición, sin duda, aprovechará este caso para cuestionar la probidad de la diputada y, por extensión, del partido Morena. La declaración de la UIF, en la que enfatiza que la diputada será investigada, casi parece una justificación a posteriori para una acción que ya se tomó.
El gobierno mexicano, al plegarse a las directrices de la OFAC, muestra una vez más su dependencia de las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos. Si bien la cooperación es fundamental en la lucha contra el crimen organizado, la falta de una investigación independiente y la celeridad con la que se bloquean las cuentas de un político en el poder dan la impresión de que las autoridades mexicanas actúan bajo presión externa, más que bajo una convicción propia. La pregunta es: ¿hasta dónde llegará la soberanía mexicana cuando la UIF, en lugar de generar sus propias investigaciones, se limita a aplicar las designaciones de un organismo extranjero?
