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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, declaró que el gobierno mexicano demostrará que los recursos desviados por el exfuncionario Genaro García Luna se utilizaron para financiar campañas políticas. Estas declaraciones las realizó durante la conferencia matutina del 23 de mayo en Palacio Nacional.
Gómez Álvarez detalló que el esquema operaba mediante la extracción de millones de dólares a través de contratos públicos, su traslado al extranjero y posterior reintegro al país. Mencionó específicamente a las empresas Nunvav Inc, Nunvav Technologies Inc, Nice Systems Ltd y GLAC como parte de esta red, que habrían movilizado fondos a países como Barbados e Israel.
El funcionario informó que existen procesos penales en México contra la red asociada a García Luna, con órdenes de aprehensión pendientes y detenidos. Precisó que estas investigaciones son independientes del juicio en Florida, donde el exsecretario de Seguridad Pública fue sentenciado por narcotráfico.
Sobre las sanciones económicas, Gómez Álvarez confirmó que García Luna debe pagar 748.8 millones de dólares al gobierno mexicano, mientras que su esposa, Linda Cristina Pereyra, fue condenada al pago de 1,740 millones de dólares. La jueza Lisa Walsh de Florida emitirá próximamente otra sentencia sobre las empresas involucradas en el esquema.
El titular de la UIF calificó esta operación como "transexenal", señalando que abarcó gobiernos de distintos partidos políticos. Actualmente, la dependencia continúa con las investigaciones para esclarecer completamente la red de lavado de dinero y su presunta vinculación con financiamiento político.
