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Chilpancingo, Guerrero.- El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) aprobó por unanimidad otorgar el Reconocimiento al Mérito Social a 12 luchadores sociales, entre ellos Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, y acordó abrir investigaciones contra dos docentes de la Facultad de Derecho en Chilpancingo por presuntos actos de corrupción. La decisión se tomó en sesión virtual del máximo órgano de gobierno universitario.
Los reconocimientos se entregarán el próximo 30 de diciembre, en la explanada de las preparatorias 1 y 9, en un acto que incluirá la develación del Memorial Universitario en honor a los 19 caídos del Movimiento de 1960. En caso de personas fallecidas, el reconocimiento será recibido por sus familiares. La lista de condecorados incluye también a José Bracho Campos, Ismael Bracho Campos, Arturo Miranda Ramírez, Nicomedes Fuentes García, Bertoldo Martínez Cruz, Efrén Cortés Chávez, Antonio Sotelo Pérez, Victoria Fernández Brito, Juan García Costilla y Anita Estrada Ramírez.
Durante la sesión, el rector Javier Saldaña Almazán afirmó que el acuerdo busca reivindicar una “justicia histórica” y reconocer a quienes participaron en luchas por la democracia y la reivindicación social en Guerrero. El rector confirmó además que el senador Félix Salgado Macedonio declinó ser considerado para el reconocimiento y solicitó que éste se destinara a personas que dieron su vida o sostuvieron luchas históricas sin ocupar cargos de poder.
En el mismo encuentro, el Consejo mandató al Departamento Jurídico de la UAGro investigar al docente Néstor Urióstegui, señalado por el Abogado General, Guillermo Girón Catalán, de apropiarse de la Casa del Estudiante No. 6 “Ernesto Che Guevara”, restringir el acceso a autoridades universitarias y permitir usos no autorizados del inmueble. También se acordó investigar a Nezahualcóyotl Rentería, acusado de cobrar presuntamente 20 mil pesos por alumno a familias con la promesa de ingresar a la Maestría en Derecho.
Además, el Consejo aprobó reglamentos y programas institucionales, entre ellos normas para el uso de redes sociales, protocolos de atención a la violencia de género, planes de salud mental, nuevas ofertas académicas y modificaciones al calendario escolar, con lo que cerró una sesión marcada tanto por definiciones simbólicas como por decisiones administrativas y disciplinarias.
