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Washington.- En una reacción que tensiona nuevamente las relaciones diplomáticas multilaterales, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva serie de sanciones financieras y restricciones de visado contra integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI). La medida fue dada a conocer apenas unas horas después de que se hiciera oficial la entrega del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza del alto tribunal de La Haya.
A través de un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el gobierno estadounidense argumentó que las acciones buscan frenar lo que consideran excesos de jurisdicción del organismo internacional sobre ciudadanos y aliados de su país que no forman parte del Estatuto de Roma.
"Neutralizar la amenaza": la postura de Washington
Con este nuevo paquete de represalias, la Casa Blanca endureció su postura frente a la institución judicial independiente encargada de procesar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad a nivel global.
"Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI", puntualizó la dependencia gubernamental en su posicionamiento oficial, sin detallar en el primer anuncio los nombres de los nuevos funcionarios alcanzados por las restricciones patriminales y migratorias.
El choque entre el castigo de EU y el reconocimiento del Nobel
El anuncio de Washington generó un fuerte contraste en la comunidad internacional al coincidir de forma casi inmediata con la distinción otorgada por el Comité Noruego del Nobel a Navi Pillay. La reconocida jurista sudafricana, pionera en la defensa de los derechos humanos y con una dilatada trayectoria como jueza en la CPI y en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, fue galardonada por su lucha incansable en favor de la justicia global y la protección de víctimas de conflictos armados.
El choque entre la sanción estadounidense y el máximo reconocimiento de la paz evidencia la profunda brecha existente entre la política exterior de la actual administración en Washington y los organismos e instituciones multilaterales dedicados al derecho internacional.
