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En un momento en que Cuba enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible y una crisis económica profunda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió elevar la presión no solo sobre el gobierno cubano, sino directamente sobre su población. A través de una orden ejecutiva, anunció que impondrá aranceles adicionales a todos los productos provenientes de países que “directa o indirectamente” suministren petróleo a la isla.
La medida, presentada por la Casa Blanca como una acción de seguridad nacional, se traduce en un nuevo golpe a los servicios básicos de millones de cubanos, al buscar cerrar una de las últimas vías de abastecimiento energético en un país que depende del crudo importado para mantener en funcionamiento hospitales, transporte, plantas eléctricas y la cadena de alimentos.
Trump justificó la decisión al afirmar que Cuba “no podrá sobrevivir” y al describir al país como “una nación en decadencia”, declaraciones que organizaciones y analistas consideran parte de una narrativa que desestima el costo humano de décadas de sanciones económicas. Lejos de distinguir entre autoridades y población civil, la orden ejecutiva castiga de manera indirecta a quienes ya enfrentan condiciones de vida críticas.
El documento faculta a los secretarios de Comercio y de Estado, Howard Lutnick y Marco Rubio, a vigilar y sancionar a cualquier país que envíe petróleo a La Habana. En los hechos, la decisión convierte el comercio energético en un instrumento de coerción y extiende el bloqueo estadounidense más allá de sus fronteras, presionando a terceros países para sumarse a una política ampliamente cuestionada por la comunidad internacional.
La orden afecta de manera particular a México, que ha mantenido envíos limitados de petróleo como apoyo humanitario. De acuerdo con reportes citados por la agencia AP, Pemex envió cerca de 20 mil barriles diarios de crudo a Cuba entre enero y septiembre de 2025, una cantidad marginal frente a la producción mexicana, pero crucial para la generación eléctrica en la isla.
En Cuba, el impacto ya es visible. Esta semana se registraron largas filas de automovilistas en busca de gasolina, mientras persisten los apagones y la parálisis parcial de actividades económicas y sociales. La interrupción total del suministro de combustible amenaza con colapsar servicios esenciales, particularmente en hospitales y centros de atención médica.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó la decisión y acusó a Estados Unidos de recurrir “al chantaje y la extorsión” para imponer un bloqueo total al combustible. “Denunciamos este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que ahora se amenaza con condiciones de vida extremas”, escribió en la red social X.
Rodríguez sostuvo que Washington se apoya en falsedades para presentar a Cuba como una amenaza inexistente y advirtió que la verdadera inestabilidad regional proviene de una política que busca “someter, despojar de sus recursos y mutilar la soberanía” de los pueblos de América Latina.
A décadas del embargo económico, la nueva ofensiva de Trump refuerza una estrategia que, lejos de provocar cambios políticos en la isla, ha profundizado el sufrimiento de la población civil, reavivando el debate internacional sobre el uso de sanciones económicas como una forma de castigo colectivo.
