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Caracas.- La tensión entre Washington y Caracas volvió a encenderse cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores “está cerrado en su totalidad”, un anuncio que llegó envuelto en un mensaje que mezcló advertencia, retórica belicista y una insinuación de criminalización generalizada.
“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado”, escribió Trump en Truth Social, metiendo en el mismo saco a aviones comerciales, pilotos civiles y redes delictivas. La frase detonó alarma en Caracas, que desde hace meses denuncia una agresión sin precedentes por parte del Gobierno estadounidense.
Amenazas por aire… y ahora por tierra
La escalada verbal no quedó ahí. Apenas un día antes, Trump advirtió que “pronto” su administración extenderá a tierra firme las operaciones que asegura son “antidrogas”, dirigidas principalmente contra Venezuela.
“Hemos detenido casi el 85 % por mar… y también comenzaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil”, declaró, en una frase que elevó aún más los temores de una acción unilateral de Washington en territorio venezolano.
Caracas rechaza de manera sistemática las acusaciones estadounidenses de narcotráfico, señalando que no existe evidencia que respalde la narrativa de que Venezuela opera como un “narcoestado”. La ONU y la propia DEA —que monitorea los flujos de droga en la región— señalan que la ruta principal hacia EE.UU. es el Pacífico, no Venezuela.
La maquinaria militar ya está en marcha
Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar significativo frente a las costas venezolanas. La operación, bautizada como “Lanza del Sur”, supuestamente busca “eliminar narcoterroristas” y proteger a EE.UU. del ingreso de drogas. Como parte de estas acciones, se han llevado a cabo bombardeos contra embarcaciones que Washington califica como narcotraficantes, pese a que no se han presentado pruebas sobre ello. Los ataques han dejado decenas de muertos, acto que expertos internacionales describen como “ejecuciones sumarias” contrarias al derecho internacional.
La presión política también se ha intensificado: EE.UU. acusa sin sustento al presidente Nicolás Maduro de encabezar un cartel criminal, y recientemente duplicó la recompensa por su captura.
“Una campaña para justificar cualquier agresión”
Frente a este escenario, Venezuela ha articulado una postura férrea de rechazo. El presidente Maduro sostiene que Washington intenta fabricar un pretexto para imponer un cambio de régimen y tomar el control de las enormes reservas petroleras y gasísticas del país.
En un mensaje difundido en su canal de Telegram, el mandatario recordó que Venezuela lleva 17 semanas enfrentando lo que calificó como “agresión imperialista” y “guerra psicológica”. No obstante, celebró el “poder de la conciencia, de la voluntad y de la organización política, social y militar” del pueblo venezolano.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue aún más directo: “Estamos listos para responder a cualquier agresión contra Venezuela”.
El mundo observa… y cuestiona
La narrativa estadounidense ha encontrado numerosos detractores. Rusia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado la escalada de Washington en la región. Además, organismos internacionales han subrayado que los ataques a embarcaciones carecen de fundamento legal y podrían constituir violaciones graves al derecho internacional.
Mientras tanto, crece la preocupación global ante un escenario que combina presión militar, sanciones, cierre de espacio aéreo y discursos de guerra, con el potencial de abrir un nuevo capítulo de confrontación en el hemisferio.
