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México.- El más reciente informe de la Misión Civil de Observación en la Península de Yucatán sostiene que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desatendió los impactos sociales y ambientales que dejó la construcción del Tren Maya. La investigación, centrada en los tramos 5, 6 y 7, concluye que la promesa de desarrollo económico derivó en un proceso de ocupación militar y un aumento de violencias que se han extendido incluso después de la inauguración del proyecto.
Un territorio reconfigurado por los cuarteles
El informe recoge testimonios que describen cómo la presencia de la Guardia Nacional, la Marina y, sobre todo, la Sedena comenzó a multiplicarse desde el arranque de las obras. Las comunidades visitadas refieren que uniformados armados forman ya parte del paisaje de estaciones, caminos, bancos de material, hoteles, museos e incluso escuelas y espacios deportivos.
La Misión Civil sostiene que esta expansión militar se aceleró a partir de agosto de 2023, cuando López Obrador transfirió a la Sedena la construcción, la operación y los beneficios del proyecto. Este cambio, sumado al decreto de 2021 que declaró el Tren Maya como proyecto de seguridad nacional, convirtió a la corporación en una “autoridad omnipresente” en la región, según el documento.
Hasta junio de 2025, la dirección del Tren Maya reportó 6.583 elementos desplegados en la zona, una cifra que el informe contrasta con los 3.320 pasajeros diarios transportados en promedio.
Expropiaciones, hoteles de lujo y tensión con los ejidos
Los investigadores documentan casos de expropiaciones ejidales y ocupaciones de terrenos por parte de militares, quienes habrían negociado en condiciones desfavorables para los dueños. El informe también cuestiona la construcción de seis hoteles de carácter turístico —algunos junto a zonas arqueológicas y áreas naturales— por su impacto sobre el agua, los residuos y la presión humana sobre sitios frágiles como Calakmul.
De la vida comunitaria al miedo cotidiano
Testimonios recogidos en la península describen una transformación profunda del ambiente cotidiano. La presencia constante de militares en supermercados, restaurantes, parques o salas de cine es relatada por los habitantes como una convivencia forzada que, según la Misión Civil, ha sustituido la libertad habitual por temor e inseguridad.
El informe afirma que ni los amparos judiciales ni las quejas de pobladores han logrado frenar los despliegues. En ciudades como Carrillo Puerto, los observadores encontraron campamentos militares en los accesos y el centro urbano.
Violencias en aumento: tierra, turismo y trata
Los recorridos de la Misión Civil identificaron áreas donde las violencias se han intensificado. Entre ellas, el tramo 5 norte que cruza el sistema de cuevas inundadas Sac Aktun, hoy intervenido con más de 15.000 pilotes de metal y concreto.
En la franja costera de Quintana Roo, el informe señala un auge del boom inmobiliario, extorsiones y derecho de piso, fenómenos ligados al crecimiento acelerado de la industria turística impulsada por el proyecto.
En la ruta de Chetumal a Xpujil, la apertura del derecho de vía destruyó selva y afectó actividades locales como la apicultura, mientras persisten problemas graves de acceso al agua. Pobladores entrevistados aseguran que las promesas gubernamentales de reparar acueductos o pagar tierras adquiridas “no se han cumplido”.
Un territorio atravesado por maquinaria y accidentes
En municipios como Calakmul, Escárcega y Candelaria, las comunidades reportaron el tránsito constante de vehículos militares de carga que bloquean caminos y generan riesgos. Los observadores registraron el caso de un joven atropellado, cuya muerte desencadenó protestas locales.
