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Ciudad de México.- El escándalo alrededor de la Línea Z del Tren Interoceánico suma capítulos: 81.6 millones de pesos pendientes de aclarar, una tragedia con 14 muertos y más de 250 heridos, y ahora víctimas que denuncian obstáculos para acceder a la justicia.
En la tercera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó contratos y trabajos de rehabilitación en el tramo que conecta Veracruz y Oaxaca. De una muestra de 3 mil 510 millones de pesos —de un universo superior a 5 mil 315 millones— determinó un monto por aclarar de 81 millones 634 mil 100 pesos. Durante la auditoría, apenas se recuperaron 2.9 millones.
Las observaciones se concentraron en la Línea Z, a diferencia de las líneas FA y K, donde no se reportaron montos pendientes. La entidad responsable del proyecto es el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., encargado del Corredor Interoceánico.
El dato cobra relevancia porque en ese mismo tramo, el 28 de diciembre de 2025, se descarriló el tren que viajaba de Salina Cruz a Coatzacoalcos. La máquina principal salió de las vías entre Chivela y Nizanda; el saldo fue de 14 personas fallecidas y más de 250 lesionadas.
A finales de enero, la Fiscalía General de la República informó que el siniestro se debió al exceso de velocidad: el tren circulaba a 65 km/h cuando el límite era 50. Se ejerció acción penal por homicidio y lesiones culposas; el despachador Ricardo Mendoza Cerón y el conductor Felipe de Jesús fueron detenidos.
Sin embargo, para los sobrevivientes la explicación oficial es insuficiente.
“Soy la víctima que pide justicia”
En conferencia en Ciudad de México, Juan Manuel Iglesias López, quien viajaba en el primer vagón que cayó al precipicio, denunció falta de transparencia y omisiones en la investigación. Aseguró que ni él ni su familia —su esposa e hijo resultaron heridos— han sido reconocidos formalmente como víctimas, lo que les impide acceder a la carpeta de investigación.
Su abogado, Adrián Arellano, afirmó que han presentado más de 20 escritos y que solo dos han recibido respuesta. Señaló que fue tras la presión pública que la FGR los citó para el 20 de febrero y cuestionó que se le exija a Iglesias trasladarse desde Ciudad Juárez a la capital para trámites que, dijo, no requieren comparecencia presencial.
De más de 250 lesionados, denunciaron, solo ocho han sido llamados a reconocer su calidad de víctimas.
También acusaron que la investigación se ha centrado en el factor humano —el presunto exceso de velocidad— sin profundizar en otras líneas como mantenimiento, construcción o contratos, pese a que desde 2019 ya existían reportes periodísticos sobre observaciones y deficiente planeación en la rehabilitación de la Línea Z.
Iglesias reveló además que la Comisión de Atención a Víctimas le ofreció un acuerdo de indemnización “condicionado” a firmar documentos sin revisión legal. “Inaceptable”, respondió, al advertir que, de ser necesario, llevarán el caso hasta instancias internacionales como la ONU.
Mientras las cifras millonarias observadas por la ASF y la tragedia del descarrilamiento convergen en el mismo tramo ferroviario, el caso del Tren Interoceánico amenaza con convertirse no solo en un expediente penal, sino en una prueba de fuego sobre transparencia, rendición de cuentas y atención real a las víctimas.
